En la misma semana que Movistar celebra sus 15 años en México se advierte que también se reactivará un procedimiento legal de Telefónica contra el Estado mexicano que se arrastra desde hace 53 meses, cuando los tiempos de la Cofetel y la inexistencia de la reforma constitucional del 2013 al sector de telecomunicaciones.

La reactivación del caso puede ocurrir el viernes de 16 de septiembre, continuar su camino en los tribunales, incluso traspasar a la siguiente administración federal y es posible que el corporativo hispano resulte vencedor en los alegatos en la última de las instancias y entonces el gobierno mexicano se vea obligado a cumplir con un resarcimiento equivalente a 850 millones de euros por los daños que la compañía haya logrado demostrar con base en su demanda del 9 de marzo del 2012.

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En abril de este año, Telefónica desistió de continuar con el procedimiento por un periodo de seis meses que vencen este viernes 16. Especialistas han argumentado que en ese lapso ambas partes pudieron haberse buscado e intentado conseguir un desahogo del conflicto legal que resulte benéfico tanto a Movistar como para el gobierno mexicano.

Pero de no haberse logrado ningún avance entre los posibles acercamientos, el recurso legal de Telefónica contra el gobierno mexicano seguirá y los 850 millones de euros alrededor de 18,000 millones de pesos si se considera la cotización del tipo de cambio peso-euro de este día vendrán a significar un bálsamo para los estados financieros de Telefónica que a últimas fechas se han visto presionados por hechos como la malograda venta de su filial O2 en Europa.

Y como un golpe de credibilidad en actuación de defensa para el caso del gobierno mexicano, que también por estos días enfrenta recortes al gasto público y que sólo para las cabezas rectoras en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión perfila recortes para el 2017, del 28.5% para el caso del presupuesto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para ese año, por ejemplo.

Telefónica suspende su demanda en abril

Telefónica suspendió por un plazo de seis meses la demanda de arbitraje que presentó en marzo del 2012 ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), una institución del Banco Mundial con sede en Washington, pero que la dependencia ingresó formalmente el 21 de junio de ese año.

El CIADI es el tribunal de arbitrajes del Banco Mundial (BM) que se especializa en la protección de las inversiones en el extranjero.

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El argumento base de la compañía deriva de que el país no protegía en aquellos años a la inversión extranjera en materia de telecomunicaciones, tras hacer poco por detener el avance de un actor dominante en el mercado y porque mantenía también una legislación que generaba desacuerdos en tarifas de interconexión de redes.

La reducción de un recorte sobre el 60% de las tarifas de interconexión en ese tiempo, ordenado entonces por la desaparecida Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) fue el hecho que motivó que Telefónica presentara inmediatamente un recurso legal ante las instancias internacionales.

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Telefónica solicitó en ese año una indemnización de 14,737 millones de pesos mexicanos, aproximadamente 850 millones de euros, y afirmó que se reservaba el derecho de presentar otros recursos legales que se traducirían en más recursos, que dado el caso, el país debería resarcir.

Pero en abril de este año se conoció la suspensión temporal del procedimiento: Se suspende el procedimiento hasta el 16 de septiembre de 2016, de conformidad con el acuerdo de las partes el 18 de marzo de 2016 , decía el informe del CIADI divulgado en ese mes.

Consultada vía telefónica y por correo electrónico, Telefónica no estuvo inmediatamente disponible para comentar sobre el tema.

¿Hacia dónde continuaría el procedimiento?

De acuerdo con Agustín Ramírez, especialista en telecomunicaciones del despacho Ouraboros, corresponde más a la Secretaría de Economía (SE) responder al procedimiento por ser este un tema vinculado a cuestiones de arbitrajes sobre inversiones.

Llegado el viernes 16 de septiembre, no significa que en esa fecha se conocerá el fallo definitivo de los árbitros, pues además se abriría una etapa de presentación de pruebas de las partes, dice el especialista.

No significa que en esa fecha se vaya a emitir el laudo, sino que se le va a dar continuidad al juicio arbitral y no son procesos cortos, pues lo difícil de un proceso de esta naturaleza es la etapa probatoria y a ese respecto, aunque al parecer el tribunal arbitral abrió el proceso a prueba, falta desahogar cada una de las pruebas presentadas y eso lleva al menos medio año, dependiendo del número de pruebas y de su naturaleza .

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Esta, entre otras, es una de las razones por las que el proceso podría alargar su curso si es que no se conoce pronto que tanto Movistar como el gobierno mexicano llegaron ya a un acuerdo.

Agustín Ramírez, del bufete Ouraboros, que estima que Telefónica debe conducirse con cautela en este asunto para no ver afectada su imagen ante el consumidor mexicano, explica que otro punto a considerar para identificar el alargamiento o no del proceso, es la contratación de peritos por ambas partes que a su vez investiguen y presenten sus resultados y es allí donde está el detalle; eso podría definir el caso .

¿Está en riesgo México de perder la demanda?

Es muy pronto para especular sobre el fin del procedimiento; antes, dice el abogado, los árbitros en el CIADI deberán determinar las precisiones del marco normativo mexicano de entonces y las facultades de las autoridades reguladoras sobre políticas de interconexión de redes, que es donde finca Movistar su demanda.

Y si México pierde el arbitraje, tiene todavía la posibilidad de solicitar que se integre un comité ad hoc para analizar

una solicitud de suspensión de la ejecución del laudo, y tanto la integración del comité como sus deliberaciones, tampoco se perfeccionan en plazos cortos; de ahí que una cosa es ganar el asunto y otra muy distinta es ejecutar el laudo para obtener el pago .

Puede suceder que en el inter entre que se emite el laudo, se presenta la solicitud de suspensión de ejecución y la ejecución misma, pueda pasar al menos un año y quizá para esas fechas Telefónica ya haya resuelto su situación financiera, o por el contrario, se agrave aún más , comenta Agustín Ramírez.

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Cual sea la estrategia de Movistar para con este procedimiento, el gobierno mexicano debe salir a defender sus argumentos, su marco normativo y las finanzas públicas del país, refiere por su parte Salomón Padilla, especialista en telecomunicaciones del despacho SAC Abogados.

El precedente que se daría es que cualquier empresa en condiciones similares estaría en posibilidad de entablar demandas y ganar al gobierno mexicano. Con o sin recorte de gasto público, (un resultado negativo) se vería como un fracaso de las instituciones del gobierno federal encargadas de defender los intereses nacionales .

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