En paralelo a la promulgación de la ley antimonopolios, senadores y diputados del PRI y PAN presentan hoy una iniciativa para crear la Ley para la Protección y la Promoción de Buenas Prácticas Comerciales, como una herramienta paralela a ley de competencia económica en la salvaguarda de los derechos de los consumidores y que permitiría las acciones colectivas antimonopolios, así como la creación de un nuevo organismo que podría imponer multas de entre 5 y 8% de los ingresos totales de los consorcios.

Los diputados priístas Alma Carolina Viggiano Austria y David Penchyna Grub, así como los senadores María de los Ángeles Ramiro Hernández y Federico Döring Casar, éste último del PAN, propusieron que esa ley obligue a los agentes comerciales a respetar los precios, garantías, cantidades, calidades, medidas, intereses, cargos, términos, plazos, fechas, modalidades y demás condiciones y aspectos señalados en los contratos y que se relacionen con las actos de comercio de los que sean parte, así como a informar a su contraparte de manera veraz, completa, oportuna, clara y adecuada de todas esas condiciones de manera previa a la celebración del contrato respectivo.

La iniciativa, turnada a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, también prevé la creación de un Consejo para la Protección y la Promoción de Buenas Prácticas Comerciales, dependiente de la Secretaría de Economía, para el combate y la sanción a las conductas recurrentes contrarias a las buenas prácticas comerciales.

Entre las facultades del Consejo se incluirían iniciar procedimientos administrativos de investigación; imponer sanciones y medidas de apremio; conocer de las inconformidades presentadas por los agentes; establecer los procedimientos de mediación y arbitraje, entre otros.

Las resoluciones que emita el Consejo respecto a un procedimiento administrativo de investigación podrían consistir en una recomendación a los agentes involucrados conminándoles a modificar sus prácticas comerciales; la determinación de que existe un patrón recurrente de conductas contrarias a las buenas prácticas comerciales y la imposición de una sanción; la determinación de que no existe un patrón recurrente de conductas contrarias a las buenas prácticas comerciales.

Entre las medidas de apremio y las sanciones que podrá imponer el Consejo se encuentran el apercibimiento; la imposición de una sanción, misma que se determinará con base en los ingresos totales del agente económico; suspensión, corrección o eliminación de la conducta contraria a las buenas prácticas de que se trate, o clausura temporal o definitiva, total o parcial, de los establecimientos comerciales del agente relacionados con el patrón recurrente, en ciertos casos.

La iniciativa prevé la posibilidad de que varios agentes presenten de manera conjunta una inconformidad respecto de otro agente que esté realizando algunas de las prácticas comerciales sancionadas. En este caso, el Consejo procederá a darle trámite como si se tratara de una sola inconformidad. Los agentes que presenten la inconformidad tendrán la posibilidad de promoverla de forma anónima, o bien, de solicitar al Consejo que al notificar al agente ante el cual se interpuso la inconformidad, no se le mencionen sus datos.

Entre las sanciones que se prevén están la multa hasta por el equivalente al 5% de los ingresos del agente económico cuando se haya declarado falsamente o entregado información falsa al Consejo, con independencia de la responsabilidad penal en que se incurra.

De hasta el 8% de los ingresos totales del agente económico cuando se haya incurrido en un patrón recurrente de conductas contrarias a las buenas prácticas comerciales, y del 10% ingresos totales del agente económico, a los individuos que participen directamente en cualquiera de las conductas contrarias a las buenas prácticas comerciales establecidas.

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APR