Revertir la reforma energética de México promulgada en 2014 violaría los compromisos de este país en el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT) y el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), destacaron consultores en comercio internacional.

“El grado de apertura que ha dado hasta ahora México en el sector energético está consolidado en el T-MEC y el TIPAT, y también quedaría consolidada una apertura mayor si México la tuviera en el futuro”, explicó Kennet Smith, jefe negociador del T-MEC por parte de México y socio de la consultoría AGON.

Ambos acuerdos comerciales incluyen la denominada cláusula “ratchet” (cremallera) de irreversibilidad: si un país procede unilateralmente a una apertura, esta se consolida inmediatamente. Ello lleva a una liberalización constante, con consolidaciones continuas en diversos sectores.

Smith comentó que esa misma cláusula se pactó en la modernización del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y México (TLCUEM), cuyas negociaciones ya se cerraron, aunque el texto aún no se firma.

Pero incluso al margen de ello, la misma protección está vigente en distintos Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRIs), varios de ellos entre México y países europeos. “No se pueden cerrar espacios a la apertura que se dan a los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros”, dijo Smith.

Juan Antonio Dorantes, socio director de la consultora Dorantes Advisors, especificó que en el Capítulo de Energía del TIPAT, firmado en febrero de 2016, México se comprometió a mantener el nivel de apertura que estaba en ese momento vigente. “Esto implicó una fotografía a la reforma energética de México”, comentó Dorantes, en referencia a que el TIPAT reprodujo los compromisos de la legislación mexicana.

Del mismo modo, en el capítulo de Empresas Propiedad del Estado y Monopolios Designados del TIPAT se impide dar un trato favorable a este tipo de compañías, una disposición que se negoció sobre todo con la intención dirigirse a naciones como Malasia y Vietnam.

En el T-MEC se estipula que cualquier ventaja interna relacionada con el comercio internacional y las inversiones se debe extender a Estados Unidos y Canadá.

Dorantes destacó que, si se viola cualquiera de estos tratados, las empresas pueden recurrir a paneles de solución de controversias Inversionista-Estado, en cuyos casos si México pierde tendría que compensar a los afectados.

Pero más grave aún, si se levantan paneles Estado-Estado y perdiera México, los países afectados tendrían el derecho de aplicar represalias, lo que genera más incertidumbre por la libertad en escoger los sectores afectados.

“La reforma energética aseguró la entrada de inversionistas y de la competencia en un mercado competitivo”, resumió Dorantes. Consecuentemente, dar ciertas ventajas a Pemex o la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que impliquen una discriminación en ese marco podría generar una expropiación de facto de inversiones.

Smith indicó las recientes limitaciones a inversiones en la producción de energías renovables en México han propiciado amparos por parte de algunas empresas, un asunto que puede dar origen a un panel de solución de controversias. La nueva Ley de la Industria Eléctrica creó un nuevo marco normativo que permite a los particulares obtener permisos para la generación y comercialización de energía eléctrica en un nuevo mercado eléctrico mayorista.

Un reciente informe del Departamento de Estado estadounidense indicó que los inversionistas en México están cada vez más preocupados de que la Administración esté socavando la confianza en las “reglas del juego”, particularmente en el sector energético, al debilitar la autonomía política de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

“Los analistas sostienen que la Cofece ha perdido influencia a medida que la Administración actual promulgó cambios regulatorios en el sector eléctrico que favorecen a las empresas estatales en lugar de mantener precios competitivos para el consumidor”, afirmó el Departamento de Estado.

La Administración nombró a cuatro de los siete comisionados de la CRE a pesar de las objeciones del Senado, que votó dos veces para rechazar a los nominados en parte debido a preocupaciones de que sus nombramientos erosionarían la autonomía de la CRE.

También destacó que los recortes presupuestarios de la administración resultaron en despidos significativos, lo que supuestamente ha obstaculizado la capacidad de las agencias para llevar a cabo su trabajo, un factor clave en las decisiones de inversión.

roberto.morales@eleconomista.mx