Claus Von Wobeser, presidente de la International Chamber of Commerce México (ICC México) dijo que según la información disponible de este organismo donde confluyen miles de empresas de todo el mundo que participan en el país, se iniciarán por lo menos 50 juicios de amparo contra las modificaciones a la Ley de Hidrocarburos promulgadas este martes.  

“Son los datos que escuché recientemente, por supuesto que pueden ser más y desconozco los nombres pero sin duda habrá una fuerte defensa legal contra lo que se considera una violación a los derechos adquiridos, que iniciará igual que con la Ley de la Industria Eléctrica, primero en juzgados nacionales, antes de escalar a arbitrajes internacionales amparada en los tratados comerciales a los que pertenece México”, dijo en conferencia de prensa. 

Así mismo, explicó que en ICC México comparten la preocupación del Gobierno Federal por el contrabando de combustibles y por las alteraciones a los instrumentos de medición de hidrocarburos que han sido prácticas comunes en el país, y apoyamos las acciones para detener estas prácticas. 

A la vez, coinciden en la necesidad de fortalecer el marco legal aplicable a las instituciones y autoridades responsables de la supervisión del cumplimiento en esta materia, así como la colaboración interinstitucional. 

“Sanear y fortalecer a las empresas productivas del Estado a través de la política energética es fundamental para el presente y futuro de la independencia energética del país, pero siempre tomando en cuenta la importancia y necesidad de la inversión privada y condiciones de competencia, así como otorgando a los particulares las garantías y seguridad óptimas para sus inversiones”, expresó.  

Sin embargo, manifestó preocupación ante ciertas disposiciones de la mencionada reforma, particularmente aquellas que crean incertidumbre a los permisionarios en cuanto a las obligaciones que deben cumplir al dar una excesiva discrecionalidad a la Secretaría de Energía, sin parámetros establecidos en la ley, para establecer la capacidad mínima de almacenamiento de hidrocarburos; así como lo relativo a incentivar que las autoridades no contesten las peticiones de cesión de permisos o tengan obligación de argumentar las razones por las cuales una solicitud es negada, al sustituir la afirmativa ficta por una negativa ficta.  

También consideró que generan incertidumbre en cuanto a la duración de la suspensión de un permiso o en cuanto a los motivos de dicha suspensión, ya que se incorporan conceptos como “peligro inminente”, “seguridad nacional”, “seguridad energética” y “economía nacional”, los cuales no solamente son ambiguos, sino que no se encuentran definidos y, por tanto, estarán sujetos a una posible aplicación, quizá arbitraria. De igual forma, la creación de la última de estas causales, como tal, es desde nuestro punto de visto cuestionable. 

“Resulta preocupante que, en caso de que la autoridad suspenda estos permisos, la operación de la infraestructura podría quedar a cargo de Pemex o de las empresas productivas del Estado, pudiéndose considerar estas medidas por los participantes del mercado como medidas violatorias de derechos”, dijo.  

Por tanto, expresó que en ICC tienen confianza en que el Poder Judicial analizará la reforma a la Ley de Hidrocarburos de forma independiente y consistente con nuestra Constitución y los distintos Tratados Internacionales celebrados por México, garantizando la protección de los derechos de los inversionistas y consumidores que se consideren afectados.