Por violar la garantía constitucional de economía, eficiencia y eficacia del gasto público al cancelar el proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), el abogado Alberto García Ruvalcaba presentó ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en materia Administrativa de Jalisco una demanda de amparo en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, la Cámara de Diputados y varias dependencias del gobierno federal.

Como causales, la demanda (con número de expediente único nacional 24190347) reclama la racionalidad del Ejecutivo al aprobar un proyecto “sin haber realizado previamente un análisis de costos y beneficios, ni ningún otro estudio que determinara conforme a criterios eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez”.

Al Legislativo se le reprocha su autorización al Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, donde se asignaron 18,000 millones de pesos al proyecto lopezobradorista y se canceló la cartera pública de inversión 1409JZL0005 del NAIM, pese a que ésta fue avalada por la Cámara Baja en los ejercicios 2015, 2016, 2017 y 2018.

También, criticó al presidente su decisión de cancelar el NAIM basándose en una consulta ciudadana “irregular”, promovida en “su carácter de presidente electo” y llevada a cabo a fines de octubre del 2018. “Nuestro argumento principal se sustenta en la facultad que tenemos como ciudadanos y contribuyentes para exigir que el gasto público sea ejercido con responsabilidad por las autoridades, evitando la arbitrariedad y el dispendio, como quedó consignado en la última reforma a los artículos 134 y 74 de la Constitución”, declaró el también notario público a A21.

Siguiendo este criterio, y según lo dispuesto en la Ley de Amparo, la demanda solicita medidas cautelares para suspender tanto la cancelación del proyecto Texcoco como cualquier orden de iniciar las obras en Santa Lucía.

“No tenemos interés alguno en que se lleve a cabo un aeropuerto u otro. Lo que buscamos es que se corrija en sede judicial la irracionalidad antieconómica e ineficiente de cambiar a medio camino un proyecto de inversión. Si el proyecto alternativo hubiera sido el originalmente aprobado y con un grado de avance significativo, lo que sería irracional sería cancelarlo y sustituirlo por el aeropuerto de Texcoco”, concluye el texto.

Aunque reconoce que esta acción legal no es muy común, García Ruvalcaba espera al menos que la administración sea llamada a rendir cuentas.