El Proyecto de Presupuesto para el ejercicio fiscal 2020 del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable (PEC) 2020, conformado por 13 secretarías y ramos generales, es menor en 20,636 millones de pesos al aprobado para este año, equivalente a 5.9% menos en términos nominales; por lo que se espera que sea la Cámara de Diputados quien realice un ajuste a la alza como ha ocurrido en los últimos años, estimó Juan Carlos Anaya, especialista del sector agropecuario.

Para el siguiente año, el presupuesto propuesto será de 331,455.2 millones de pesos. En este 2019 fue de 352,091 millones de pesos.

El especialista sostuvo que el PEC tuvo incremento de manera sostenida desde el 2003 hasta el 2016, cuando por primera vez hubo una disminución contra el presupuesto aprobado en el año anterior y así se ha mantenido desde cuatro años; pero en el caso de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), es el proyecto de presupuesto más bajo desde el 2006. A la Sader se le disminuyen recursos en casi 20,000 millones pues este año contó con 65,434 millones de pesos y para el 2020 proponen 46,253 millones de pesos. En el 2006, el presupuesto fue de 51,068 millones de pesos.

“La participación de la Secretaría de Agricultura era muy importante dentro del PEC; sin embargo, los cambios en la política de asignación de presupuesto han disminuido su participación a 14% del total de recursos”, explicó Anaya.

Detalló que “la Cámara de Diputados juega un rol relevante en la reasignación de recursos al sector rural. En promedio desde el 2003 hasta el 2019 se ha resignado un monto superior a los 19,000 millones de pesos”.

“En lo que respecta al PPEF 2020 considera una asignación de 0.2% del presupuesto total a temas de comercialización; contra el año anterior se observa una reducción de 98% del presupuesto de comercialización. Con la asignación presupuestaria propuesta no se podrá hacer frente al Ingreso Objetivo del ciclo agrícola Otoño-Invierno 2018/19 y Primavera-Verano 2019, dejando a más de 128,000 productores sin una red de seguridad al ingreso”, detalló Anaya, director general de Grupo de Consultores de Mercados Agrícolas.

Añadió que la eliminación del Ingreso Objetivo podría afectar el otorgamiento de créditos de avío, ya que funcionaba como mecanismo para garantizar el pago de los empréstitos. Explicó que el sector privado debe aprender que el paradigma cambió y que es necesario repensar el futuro de la agricultura comercial sin intervención gubernamental.