La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) turnó a la ministra Margarita Ríos-Farjat —de reciente ingreso a ese órgano de poder— la misión de construir un nuevo proyecto de resolución para resolver un amparo promovido por Radiomóvil Dipsa, controladora de Telcel, contra el artículo 208 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) que le prohíbe establecer condiciones o tarifas diferenciadas para aquellos servicios que se originan y terminan dentro de su red, las llamadas tarifas “on-net / off-net” o de “efecto club”. 

Se trata de una política regulatoria diseñada por el constituyente durante la construcción de la reforma sectorial de telecomunicaciones de 2013, para la empresa que se considerase después como el agente económico preponderante del sector, en este caso Telcel, que en 2014 fue catalogada con esa definición por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

Telcel ha combatido desde el 2014 esa clasificación en distintas instancias del Poder Judicial, con derrotas y vencidas, con el argumento de que el Congreso no cuenta con las atribuciones para establecer una política que en su diseño es facultad del órgano especializado en el sector, el IFT. Telcel ha tenido reveses con su amparo en los tribunales especializados, aunque el caso fue atraído después por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el año 2016, instancia que en pocos meses se pronunciará sobre este asunto. 

Ríos-Farjat retoma el amparo de Telcel

Con la atracción del caso por la oficina de la ministra Margarita Ríos-Farjat, la Suprema Corte de Justicia de la Nación turna por cuarta ocasión a uno de sus ministros la construcción de un proyecto para resolver el amparo en revisión 717/2016 de Telcel.

Ríos-Farjat recibió la documentación del caso el 6 de enero de 2020, desde la oficina del ministro Luis María Aguilar Morales, a quien se le había encargado diseñar un nuevo proyecto de resolución en julio de 2019. 

En enero de 2016, el Juzgado Primero de Distrito Especializado en Telecomunicaciones negó su amparo a Telcel y en junio de ese mismo año, el Segundo Tribunal Colegiado Especializado remitió el expediente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que lo retomó bajo el expediente A.R. 71/2016 y entonces lo asignó al ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien a su vez también planteó negar el amparo a Telcel, pero cuyo proyecto fue desechado en abril de 2017 en la Primera Sala, para luego ser asignado al ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien se decantó por amparar a esa operadora.

La asignación del caso a la ministra Margarita Ríos-Farjat, que hace parte de la Primera Sala de la SCJN, desde la oficina del ministro Luis María Aguilar, integrante de la Segunda Sala de la Suprema Corte, obedece a un criterio en temas de especialidad.

Ríos-Farjat fue elegida ministra de la Suprema Corte el 6 de diciembre de 2019 en el Senado de la República con 94 votos a favor y a propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ríos-Farjat, mientras rindió protesta como ministra de la Primera Sala, dijo que en su trabajo diario refrendaría la autonomía de la Suprema Corte ante los otros dos poderes de la Federación. 

AT&T  y Movistar, en vilo por el regreso de las tarifas on-net / off-net

Con la reasignación del amparo de Telcel a la nueva ministra de la Suprema Corte, la industria de las telecomunicaciones en México seguirá expectante a que el máximo tribunal del país resuelva si Telcel debe solicitar también al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) una autorización sobre la colocación en el mercado de nuevos planes de servicio, con el fin de que no despliegue ofertas que lastimen la competencia en el mercado móvil, entre ellas, con posibles subsidios cruzados.

Los competidores de Telcel habían argumentado que una decisión favorable de la Suprema Corte al amparo de Radiomóvil Dipsa podría generar efectos negativos a la competencia, pues temen la posibilidad de que Telcel construya planes de servicio, por ejemplo, con llamadas gratuitas o a menores precios entre sus propios usuarios, que los ofrecidos por los competidores a los suyos propios.

Esto, en la práctica, significaría que los clientes de Telcel tendrían pocos incentivos, al menos en lo que toca a las llamadas, para no dejar la red del agente económico preponderante, y que los usuarios de otras compañías sopesen la posibilidad de cambiar de operador telefónico, a través de la Portabilidad Numérica.

Telcel, por su parte, busca hacer una mejor economía de sus redes con la posibilidad de que la SCJN le dé la razón y entonces, la competencia directa, AT&T y Movistar, tendrían que desarrollar nuevas acciones para hacer frente a Telcel en ese nuevo escenario, en tiempos en los que además ya deben absorber los impactos generados por la determinación de la Suprema Corte de tiempo atrás echar abajo la llamada “tarifa cero” que le impedía a Telcel cobrar por las llamadas de sus competidores que terminarán en su red. 

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