Luego de tres investigaciones que no han concluido ni arrojado sanciones por parte de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el gobierno federal finalmente puso un tope a los precios a los que pueden vender gas licuado de petróleo (LP), los distribuidores en el país, mediante un acuerdo que bien podría ser impugnado por los empresarios, quienes han preferido el camino del diálogo, mientras que los comisionistas transportadores se han lanzado intermitentemente a frenar al abasto puesto que ya no obtienen ganancias, luego de que por lo menos entre 2019 y 2020, el precio nacional subió 11% cuando a nivel internacional bajó 21 por ciento.

Incluso, de acuerdo con la Secretaría de Energía, se observó un incremento de 28% en el periodo de mayo de 2020 a mayo de 2021 en el precio promedio ponderado nacional del gas LP reportado por los distribuidores, además de un componente de desigualdad regional en el comportamiento de dichos precios, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México en el mismo periodo se observó un incremento de precios de 37%, superior al promedio nacional, expuso el organismo encabezado por Rocío Nahle.

Ante ello, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que como una medida extraordinaria para evitar abusos se establecería un precio máximo de venta para el gas doméstico ante el monopolio que mantienen cinco empresas en el país. 

Posteriormente, anunció que en dos meses dará el banderazo de salida para la distribución del combustible subsidiado que será distribuido mediante cilindros con la marca gubernamental “Gas Bienestar en las alcaldías Iztapalapa y Azcapotzalco, en la Ciudad de México y se continuará con todo el Valle de México para que después se coloquen instalaciones de esta empresa que venderá el gas que Petróleos Mexicanos (Pemex) produce o importa en grandes concentraciones urbanas.

Luego del anuncio de la creación de la empresa estatal Gas Bienestar, que venderá cilindros de 20 y 30 kilogramos a precios subsidiados entre la población más vulnerable, a finales de julio la Comisión Reguladora de Energía (CRE) volvió al esquema de precios máximos para la comercialización de gas licuado LP al aprobar la publicación del Acuerdo por el cual divide al país en 145 regiones donde cada semana días se determinará el precio tope al que pueden vender los comercializadores y distribuidores de este combustible, mediante cualquier vehículo o establecimiento.

Este Acuerdo fue publicado de forma exprés por la tarde en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) con la instrucción de inscribirse en el Diario Oficial de la Federación y entrar en vigor en cuanto sea oficial, lo que ocurrió en tiempo récord por la noche.

El nuevo esquema de precios tope ordena que quienes no cumplan recibirán como sanción la revocación de su permiso en términos del artículo 56, fracción III de la Ley de Hidrocarburos. La vigencia de esta regulación será de seis meses. 

Y en la primera semana de los precios tope, en promedio nacional de las 145 regiones establecidas hubo una reducción de 9.94% con un máximo promedio de 22.91 pesos por kilogramo, mientras que el lunes 2 de agosto la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) detectó que el promedio nacional real al que se vendió fue de 25.44 pesos por kilogramo.

Esta reducción equivale a 2.53 pesos por kilogramo, que para el cilindro de 20 kilos implica que en el promedio nacional llegaría a pasar de 508.8 pesos en promedio nacional a 458.2 pesos, lo que implica un ahorro de 50.5 pesos.

Ante ello, un recién consolidado Gremio Gasero Nacional instruyó a 8,000 pipas a dejar de prestar el servicio en el Valle de México, donde la variación entre el precio real anterior y el tope fue de más de 21%; el paro duró 36 horas y las grandes asociaciones de distribuidores como la ADG y la Amexgas se deslindaron de estas acciones. 

Para la semana del 15 al 21 de agosto, el precio tope al que se podrá comercializar el gas LP al público será de 23.17 pesos por kilogramo, lo que implica su segundo aumento consecutivo desde que comenzó a implementarse esta medida, ya que en comparación con la semana anterior aumentó 0.5% o 13 centavos por kilo.

Si se contrasta con el último precio promedio ponderado nacional sin tope que reportó la CRE con los precios reales que dieron los distribuidores al 30 de junio, el precio tope de esta semana sigue siendo 8% inferior al que estaban recibiendo los consumidores de este combustible que utilizan al menos siete de cada 10 hogares. Esto implica que en promedio nacional el tope es 2 pesos por kilo más barato que este último reporte, con lo que el tope al que se puede vender el cilindro es 40 pesos más barato.

Al respecto, la Cofece ha asegurado que es ilegal esta directriz de precios máximos. En específico, el artículo 82 de la Ley de Hidrocarburos menciona que los precios de las actividades de expendio al público de gas LP se determinarán conforme a las condiciones de mercado.

Cabe recordar que el 31 de mayo pasado, la Cofece inició un procedimiento para determinar si existen condiciones de competencia efectiva en la distribución no vinculada a ductos de gas LP a nivel nacional, combustible que es usado por siete de cada 10 hogares.  

Además, en marzo emplazó a diversas empresas al determinar su probable responsabilidad en la realización de dichos acuerdos ilegales. 

karol.garcia@eleconomista.mx