Los cambios a los artículos 14, 15A al 15D de la Ley Federal del Trabajo (LFT), que por primera vez se incluyeron en 2012 en la legislación para regular la subcontratación, podrían discutirse en dos semanas cuando llegue a la Cámara de Diputados el proyecto de dictamen sobre la nueva regulación.

Luego de la iniciativa que presentó el Ejecutivo Federal el 12 de noviembre de 2020 al Congreso de la Unión, se ha retrasado la discusión sobre las nuevas reglas que habrán de seguir empresas para contratar y administrar a sus trabajadores; “en dos semanas se dará la discusión ya en la Comisión de Trabajo y Previsión Social, es un tema en el que hay un compromiso de avanzar con la finalidad de terminar con las malas prácticas que han dañado las finanzas públicas y han afectado los derechos de los trabajadores”, dijo la legisladora de Morena, Anita Sánchez, secretaria de dicha comisión camaral.

La legisladora expuso que tras pláticas con el coordinador de la Junta de Coordinación Política, y del presidente de la Comisión de Trabajo, Jesús Baldenebro, se expuso la necesidad de discutir la propuesta que busca empatar la Ley Federal del Trabajo; Ley del Seguro Social; la Ley del Infonavit, el Código Fiscal, la Ley del ISR y la Ley del IVA.

Asimismo, el punto central de la propuesta de iniciativa que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador “prohíbe la subcontratación de personal que consiste en que una persona física o moral proporcione o ponga a disposición trabajadores propios en beneficio de otra”.

Consultados al respecto, especialistas destacaron que aún cuando se logró ampliar el periodo de discusión con la Iniciativa Privada, no se han considerado aspectos fundamentales sobre todo los vinculados con la productividad; de los que se han detectado tres: delimitar el concepto sobre prohibir la subcontratación por el objeto social; que se permitan los servicios compartidos (insourcing); la subcontratación de servicios especializados o mayor tecnología para hacer más eficiente a las grandes industrias, como es el caso de la automotriz.

“Independientemente de la parte económica que tendrán que negociar las empresas, sobre todo el PTU, es más preocupante el tema de la operación; el artículo 14 establece que es lo que sí se puede hacer al señalar que ‘no se considera subcontratación de personal los servicios especializados o la ejecución de obras especializadas y establecen que para que se pueda utilizar necesita no formar parte del objeto social ni de la actividad económica de la empresa; y eso es prácticamente imposible cuando se trata de ensamblar autos, es evidente la pérdida de competitividad”, explicó Óscar de la Vega, socio de la firma DMAbogados.

En ese sentido, destacó que “los legisladores están en buen momento para identificar lo que se requiere para mantener competitividad y no tiene nada que ver con pagar menos salarios o pagar evadiendo responsabilidades”.

A su vez, Germán de la Garza destacó que “será fundamental si en los próximos días se da la discusión de la reforma, porque daría señales claras sobre el nuevo marco legal. Hay empresas de más de 30,000 empleados que no saben cuál es la decisión que van a tomar, hay mucha presión interna que impide a las organizaciones realizar una reestructuración adecuada, sobre todo porque implica, recursos, liquidaciones, aviso al Seguro social”.

pilar.martinez@eleconomista.mx