Industrias petroleras de Estados Unidos pidieron al gobierno de Joe Biden priorizar las presuntas violaciones energéticas en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) como parte de las discusiones en la próxima reunión cumbre bilateral en materia comercial.

Esa reunión se llevará a cabo en los próximos días entre funcionarios de los dos países y estará encabezada por la representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, y la secretaria de Economía de México, Tatiana Clothier.

La petición fue hecha por parte Instituto Estadounidense del Petróleo (API, por su sigla en inglés) a través de una carta, fechada el 5 de mayo y dirigida a Tai, y los secretarios de Estado, Anthony Blinken; de Comercio, Gina Raimondo, y de Energía, Jennifer Granholm.

Casi 600 corporaciones involucradas en la producción, refinamiento, distribución y muchos otros aspectos de la industria del petróleo, el API es la asociación comercial más grande de Estados Unidos para la industria del petróleo y el gas natural.

En la misiva, el expone que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha encabezado importantes enmiendas a dos leyes, la Ley de la Industria Eléctrica y la Ley de Hidrocarburos, para cambiar las reglas del mercado a favor de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y en contra de las empresas privadas.

“El denominador común de ambas leyes es obstaculizar la nueva inversión privada en el sector energético, así como destruir el valor de los activos privados que ya están operando en violación de los compromisos de México bajo el TLCAN y el T-MEC”, afirma el Instituto.

Según el API, acciones gubernamentales de México probablemente contravengan compromisos mexicanos en el T-MEC de otorgar un trato no discriminatorio con respecto al comercio de bienes (artículo 2.3), la inversión (artículo 14.4) y las ventas y compras de empresas estatales y monopolios designados (artículo 22.4).

También estas acciones parecen violar, agrega, reglas adicionales relacionadas con la inversión, incluido el estándar mínimo de trato (artículo 14.6), y también podrían resultar en expropiaciones indirectas ilegales (artículo 14.10).

“Les pedimos que incluyan estas violaciones como un tema principal de discusión para la próxima reunión de la Comisión de Libre Comercio que la embajadora Tai y la secretaria de Economía de México, Tatiana Clouthier, acordaron cuando hablaron en marzo”, instó el API.

A manera de ejemplo sobre la presunta discriminación contra empresas estadounidenses, el API argumentó que la legislatura mexicana aprobó reformas a la Ley de la Industria Eléctrica que modifican la reglas de despacho para colocar a las plantas generadoras de energía de CFE en la parte superior del orden de despacho, en lugar de las unidades privadas menos costosas y contaminantes, que incluyen importantes inversiones estadounidenses.

“La electricidad se volverá más cara y más contaminante: la mexicana Pemex tiene un exceso de oferta de combustóleo, que el gobierno planea utilizar en las centrales eléctricas de CFE, ya que no han podido venderlo en los mercados internacionales”, agregó.

Para reforzar su argumentación, el API refirió que organizaciones medioambientales estiman el impacto de la nueva Ley de la Industria Eléctrica en un incremento de las emisiones de CO2 de 15-20% y de las emisiones de SO2 de 150 por ciento.

Destacó otro dato: hay 5.7 GW de proyectos eólicos y 2.8 GW de proyectos de desarrollo solar que actualmente se consideran activos varados, que se esperaba que entraran en funcionamiento antes de 2024.

Además, la legislatura mexicana aprobó reformas a la Ley de Hidrocarburos del país, que da preferencia a Pemex y desventaja a la inversión privada.

“Estas reformas otorgan poderes discrecionales al gobierno para suspender o revocar permisos en toda la cadena de valor de los combustibles e instituyen obligaciones de almacenamiento retroactivo y obligatorio, además de generar inseguridad jurídica que afecta los proyectos de inversión a largo plazo”, dijo el API.

Las reformas reafirman el derecho del gobierno a hacerse cargo de las instalaciones privadas y entregar sus operaciones a Pemex si el gobierno suspende o revoca sus permisos.

Las reformas contienen dos cláusulas de preocupación para el API:

Si la Secretaría de Energía o la Comisión Reguladora de Energía no otorgan una aprobación explícita para la asignación de un permiso dentro del período requerido de 90 días, el permiso se considerará denegado.

Además podrán suspender o potencialmente cancelar permisos existentes alegando una amenaza inminente a la seguridad nacional, la seguridad energética o la economía.

roberto.morales@eleconomista.mx