Por unanimidad, el pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) aprobó interponer acción de inconstitucionalidad en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en contra del artículo 23 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Hidrocarburos.

En sesión extraordinaria, el comisionado Óscar Guerra Ford expuso que el artículo en mención pretende incorporar una característica genérica sin hacer distinción de ningún tipo de información en particular bajo el argumento de seguridad nacional.

Y es que el artículo en cuestión refiere: La información o datos sobre funcionamiento de las operaciones, instalaciones, actividades, movimientos del personal o vehículos de asignatarios, contratistas o permisionarios que se vinculen con las actividades previstas en el párrafo séptimo del Artículo 27 de la Constitución será considerada información de seguridad nacional en términos de la ley en la materia .

Y agrega: Lo anterior, sin perjuicio de las obligaciones establecidas en la legislación aplicable en materia de transparencia y acceso a la información pública .

Dijo que existen muchos casos en los que la información no encuadraría en el término de seguridad nacional por lo que no podría reservarse.

La redacción actual no deja claro si el INAI podrá hacer en su momento determinar su naturaleza o no, argumentando en el caso específico que pueda relacionarse con alguna de las fracciones a las que se refiere la seguridad nacional o bien, al ser ambiguo se corre el riesgo de que no se pueda argumentar de su publicidad , dijo.

En tanto, el comisionado ?Rosendoevgueni Monterrey Chepov advirtió que en el artículo existe cierto grado de ambigüedad y vaguedad en relación con la reserva que hace en materia de seguridad nacional; sin embargo, expuso que dicho precepto en su última parte se vincula con la normatividad en materia de transparencia.

Joel Salas Suárez dijo que se impusieron de manera poco clara límites al derecho a la información contradiciendo el artículo sexto constitucional, ya que establece un régimen automático de reserva de información contrario al principio de máxima publicidad.

La primera es que no delimita la reserva por seguridad nacional a un ámbito temporal, la segunda es que si bien la seguridad nacional es un principio constitucional, a la luz del acceso a la información es un límite , expuso.

En ese contexto, abundó, no se puede entender una reserva de información directa sin pasar por un control como lo es la prueba de daño; de no ser así, desde la perspectiva del derecho a la información, haremos constitucional, desde nuestra perspectiva, la excepción .

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