La iniciativa privada “busca el beneficio económico, y la autoridad lo que debe hacer es buscar la protección de la salud”, dijo Alejandro Calvillo, presidente del Poder del Consumidor y principal promotor del nuevo etiquetado en alimentos y bebidas procesadas en México. Los empresarios “estaban acostumbrados a dictaminar la política, a tener comprada a la Secretaría de Salud, a la Secretaría de Economía (…) a que los votos de gobierno fueran a favor de ellos”, dijo Calvillo.

El sector privado ha mostrado resistencia al nuevo etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas y a las reformas a la Norma 051 de la Secretaría de Salud, aprobadas el viernes 24 de enero, que determinan nuevas maneras de informar a los consumidores sobre los productos con alto contenido de nutrientes críticos (calorías, azúcares, grasas saturadas, grasas trans y sodio).

El nuevo etiquetado ofrece:

  • Conocer cuando un producto rebasa la cantidad recomendada de azúcar, grasas saturadas, sal y calorías.
  • La información de una manera más comprensible sin importar el nivel social, cultural y educativo del consumidor.
  • Información sobre los ingredientes que representan el mayor riego para enfermedades como la diabetes, la obesidad y el sobrepeso.
  • Información que permitirá al consumidor comparar diversos productos, ya que todos los empaques mostrarán la cantidad de ingredientes no recomendables que contiene el producto por cada 100 gramos.

La Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) advirtió el martes que el nuevo etiquetado pone en riesgo las inversiones y viola la propiedad industrial de las empresas, y destacó que las cámaras que la integran analizan la posibilidad de presentar amparos contra las modificaciones en el etiquetado.

En tanto el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) acusó este miércoles 29 de enero, que la Secretaría de Economía votó en favor del etiquetado de advertencia sin pensar en los conflictos comerciales a nivel internacional y nacional que derivarían de apoyar estas nuevas reglas. Esto debido a que los países que tienen acuerdos comerciales con México estarían obligados a cumplir con la normatividad y es por ello que países como Estados Unidos y Suiza se han pronunciado en contra del nuevo etiquetado.

Para Alejandro Calvillo, que dirige una de las organizaciones civiles que impulsan el nuevo etiquetado, los empresarios tienen el interés de que no se reduzca el consumo de productos altos en azúcares, grasas y sodio, lo cual de acuerdo con el activista es una recomendación de las políticas públicas a nivel mundial, ya que son los productos que ellos ponen en el mercado.

Calvillo calificó como una mentira que se diga que el diseño del nuevo etiquetado “no tiene respaldo científico”. Recordó que en las reuniones que se realizaron las asociaciones y las dependencias de gobierno presentaron estudios que respaldaban cada punto planteado, “siempre que tratamos un tema se presentó la evidencia científica”.

Señaló que la documentación o investigaciones que presentó el sector privado durante las reuniones, por lo general estaban patrocinada por la industria, “lo que más presentaban eran regulaciones en la comunidad europea, regulaciones en otros países, pero no estudios científicos, eran menos los estudios científicos”.

Sobre las quejas que interpuso la Representación Comercial de Estados Unidos ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) para retrasar la entrada de la NOM 051 por dos años, Calvillo aseguró que es una estrategia jurídica para bloquear posteriormente el nuevo etiquetado. Destacó que de retrasar la implementación de esta nueva norma se mantendría el etiquetado actual, que aseguró, es lo que pretende la industria privada, “no quiere que impacte en sus ventas, no quiere invertir en reformular productos y hacer productos más saludables, quiere mantenerse en el negocio tal como está”.

Calvillo hizo un recuento de las ocasiones en las que la iniciativa privada a tratado de “obstaculizar” medidas como las del nuevo etiquetado, puso como ejemplo el litigio que se realizó en la Unión Europea para evitar la implementación de una medida similar, en donde la industria de alimentos gastó 1,000 millones de euros para evitar un etiquetado de advertencia.

El presidente del Poder del Consumidor destacó que en las 20 reuniones que se realizaron para tratar las modificaciones a la NOM 051, hubo una sobrerrepresentación de la iniciativa privada, “en el salón donde trabajábamos más del 60% era gente de industria” y se llegó a 98% de consenso en los numerales.

Señaló que en el debate sobre las modificaciones las organizaciones de Naciones Unidas (Organización Panamericana de la Salud y Unicef), la sociedad civil (especialmente los consumidores), las organizaciones de gobierno e institutos de salud “estaban del mismo lado”, los únicos que diferían era las industrias.

Informó que “donde no había consenso se dejaba tal cual el proyecto y pasó así al Comité Nacional de Normalización, ahí en el Comité Nacional sí se votó”.

Algunas de las modificaciones que se aprobaron:

  1. Los productos sólo tendrán la advertencia de los ingredientes que se le añadieron, más no de todos los ingredientes “dañinos” que contiene.
  2. En el proyecto de norma se proponía un sello para los productos que tuvieran edulcorantes que dijera: “contiene edulcorantes, no apto para niños”, en cambio sólo se logró que se colocara una leyenda horizontal sobre un fondo negro.
  3. El sello que se proponía para “contiene cafeína, no apto para niños” también será una leyenda, ya que quedó sin consenso.
  4. Toda la información de la tabla nutrimental se estandariza en 100 gramos.
  5. Los productos para niños, como cereales de caja o cereales azucarados, que contengan algún sello no podrán poner en el empaque del producto ningún elemento de carácter atractivo para los niños, como publicidad.
  6. Profeco (Procuraduría Federal del Consumidor) será quien determine que productos podrán poner en su empaque el aval de alguna asociación de salud.

La llegada del nuevo etiquetado a los estantes comerciales aún es incierta, Alejandro Calvillo aseguró que esto dependerá de cuánto tiempo den las autoridades competentes a los comercios —luego de que se publiquen las modificaciones a la norma— para que acaten el nuevo etiquetado.

Calvillo resaltó que el nuevo etiquetado debe ir acompañado de campañas educativas que orienten a la población, así como de políticas públicas que regulen los alimentos en las escuelas y que las autoridades hagan cumplir las leyes que ya existen.

El presidente del Poder del Consumidor aseguró que estas medidas tardarán cerca de 10 años en mostrar un impacto en la salud pública, y el primer cambio substancial que se observará será en una reducción en el consumo de algunos productos que no son benéficos para la salud.