La inversión en capital físico del sector público se ubicó en 2.26 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB) durante el segundo trimestre del 2021, su nivel más bajo para un segundo trimestre desde 1999, de acuerdo con cálculos a partir de cifras reportadas ayer por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi).

Durante el segundo cuarto del 2021, el gasto en capital físico de la economía mexicana en su conjunto bajó de 19.4 a 18.8 puntos del PIB, luego de que la inversión privada también retrocediera, en este caso de 17.05 a 16.52 puntos del producto, muestran los datos de la Oferta y Demanda Global de Bienes y Servicios publicados por el Inegi.

La reactivación de la inversión ha sido titubeante en el último año, pues luego de tocar un mínimo histórico de 17.8% del PIB durante el segundo trimestre del 2020, ha tenido dos trimestres de avances y dos trimestres de caídas, con lo que aún está lejos del nivel de 22.6% del PIB del tercer trimestre del 2018, el último pico del indicador.

En el caso de la inversión física pública, la participación de 2.26% del PIB –equivalente a 585,911 millones de pesos corrientes– resulta el menor registro desde el segundo trimestre de 1999, cuando se ubicó en 1.84% del producto.

Este indicador también se ubica en un nivel lejano respecto de la marca de 5.18% del PIB del segundo semestre del 2010, un año después de la crisis que detonó el estallido de la burbuja hipotecaria en Estados Unidos.

En junio del 2019, siete meses después de la toma de posesión del presidente Andrés Manuel López Obrador, su gobierno y la iniciativa privada representada por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) firmaron el Acuerdo para Promover la Inversión y el Desarrollo Incluyente, en el que se plantearon como meta una inversión física de 25% del PIB, de la cual 20 puntos serían sector privado y cinco, del público.

No obstante, tanto la inversión pública como la privada han caído de manera más o menos sostenida a lo largo del sexenio, incluso al margen del impacto negativo de la pandemia de Covid-19.

En el caso de la vertiente privada, el menor dinamismo inversor coincide con decisiones de política pública del actual gobierno como la cancelación de la obra del aeropuerto de Texcoco, la suspensión de subastas de bloques petroleros y de compras de electricidad, así como la negativa del gobierno para la realización de inversiones privadas, como la de una nueva planta cervecera en el estado de Baja California.

En tanto, la inversión pública se ha contraído en medio de una priorización del gasto social (pensión universal a adultos mayores, becas a jóvenes aprendices, subsidios para la siembra de árboles, etc.), que rebasa el presupuesto para las obras insignia del gobierno como el Tren Maya, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y la refinería de Dos Bocas.

Recuperación prevista

En el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2022, el gobierno plantea un alza de 17.7% en el gasto de inversión pública respecto de lo aprobado para el 2021, a 863,200 millones de pesos, lo cual implicaría que alcance una participación de 3.1% del PIB, que sería 0.1 puntos más respecto de lo proyectado para este año.

El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado aplaudió la iniciativa, pero resaltó que alcanzar dicho nivel “estará en función de la disponibilidad de recursos y de la capacidad del gobierno para efectivamente llevar a cabo los proyectos presupuestados”.

Y recordó que este 2021 se aprobó un gasto de inversión física superior en 8% al aprobado para el 2020, pero las cifras oficiales indican que en los primeros siete meses del año la inversión física ha caído 4.7%, incluyendo ya los recursos para los proyectos insignia del gobierno.

octavio.amador@eleconomista.mx