Los presidentes del Colegio de Ingenieros Civiles de México (CICM), la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) y la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría (CNEC) coincidieron en que las reformas a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, aprobadas recientemente por los diputados, reflejan de un “gran avance” en el sector que se debe traducir en mayor y mejor infraestructura que beneficie al país y garantizará el uso del presupuesto.

Sin embargo, aún existen temas pendientes (como la obligatoriedad de los anticipos y la creación de un subregistro por especialidad de empresas constructoras) que se deben considerar en próximos ajustes o en el paso de la reforma en el Senado.

“Fueron casi dos años de trabajo continuo. No recuerdo un proceso tan colaborativo en una modificación de ley, lo que mostró que somos un gremio unido. Fue un primer paso que nos abre la puerta para incorporar, por ejemplo, mejoras en disposiciones reglamentarias, lineamientos considerando las mejores prácticas internacionales”, dijo el presidente de la CNEC, Marco Gutiérrez.

En un foro realizado por los ingenieros civiles, el diputado con licencia (presidente de la Comisión de Infraestructura), Ricardo Exsome hizo un recuento de los ajustes a la ley, en el que destacó el nuevo artículo 24 (donde se precisa que antes de licitar, las dependencias deben contar con todos los estudios técnicos requeridos) como el de mayor importancia.

En su oportunidad, el presidente del CICM, Luis Rojas, dijo que se debe insistir en la creación de un detallado subregistro de contratistas considerando la experiencia de las empresas para que “no anden licitando donde no corresponde”. Por su parte, el presidente de la CMIC, Francisco Solares, reiteró sus deseos de hacer obligatorio el anticipo de los trabajos a realizar para agilizar los trabajos.

alejandro.delarosa@eleconomista.mx