La Secretaría de Energía publicará a finales de marzo un plan sectorial en materia de energías limpias con las metas de la política energética, aseguró Gonzalo Núñez González, director general de Planeación e Información Energéticas de la Secretaría de Energía, hace unas semanas durante la inauguración de Mexico Wind Power 2020.

En tanto, los directivos del Comité Latinoamericano del Consejo Global de Energía Eólica y de la Organización Latinoamericana de Energía explicaron que 80% de la capacidad renovable actual en América Latina y el Caribe ha sido impulsado por licitaciones públicas y subastas, y que los contratos de adquisición conocidos como power purschase agreement (PPA) desempeñan un papel cada vez más importante para reducir los precios y atraer inversores.

Ambos organismos desarrollaron el informe conjunto “Procesos competitivos para el financiamiento de proyectos de energías renovables: situación en América Latina y el Caribe”, en el que tras análisis de los marcos de financiamiento, las subastas y mecanismos de compra de energía en la región se constató que 80% de la capacidad de energías renovables actual de América Latina y el Caribe ha sido impulsada por las licitaciones y subastas públicas.

“Se considera que las subastas permanentes, regulares y específicamente tecnológicas, así como los PPA a largo plazo y realizados en dólares son los más eficaces para garantizar la competitividad y la transparencia en los precios de las energías renovables y garantizar la sostenibilidad a largo plazo de la industria”, explicaron.

Mientras tanto, las modificaciones regulatorias, la cancelación de subastas gubernamentales y falta de definiciones sobre políticas públicas respecto al futuro de las energías limpias y la transición energética han reducido la competitividad de México en inversiones para energías renovables y puede frenar el crecimiento sostenido que había tenido el país en este ámbito, lamentaron representantes de la industria eólica a nivel global.

Por ejemplo, el país cayó del lugar 19 al 24 en el ranking de países más atractivos para inversiones en energía renovable de Ernest & Young (EY) en el último semestre, de acuerdo con Gavin Rennie, líder asociado para América del Norte en Instalaciones Energéticas de EY. En tanto, países como Vietnam y Portugal modificaron regulaciones para acelerar la llegada de capitales.

“Se calcula que en los próximos 20 años se invertirán entre 8,000 y 13,000 millones de dólares sólo en instalaciones eólicas por el mundo”, dijo el especialista, “para competir por este capital, México deberá seguir desarrollando políticas públicas que le permitan seguir compitiendo”.

El presidente de la Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE), Leopoldo Rodríguez Olivé, recordó que México llegará a una participación de 8% de la generación eléctrica nacional mediante fuentes eólicas, luego de la instalación de más de 750 megawatts este año, con lo que el país tendrá una capacidad instalada de más de 7,000 megawatts al concluir el año, indicaron.

Esto implicará un aumento de 12% en la capacidad instalada eólica, que al finalizar el 2019 fue de 6,237 megawatts, luego de un incremento anual de 1,279 megawatts, es decir, 25% más que el año anterior.

Con ello, el país se posiciona como el tercer mayor productor de energía eólica en Latinoamérica, detrás de Brasil y Argentina. Esto implica que hasta hoy tiene 21% de la potencia eólica instalada en la región.

 

 

Pero las inversiones de alrededor de 1,300 millones de dólares para el 2020 y la puesta en marcha de 11 centrales de las cuales seis son producto de las subastas para el largo plazo del gobierno, son inferiores a las del 2019, en que se estimaron inversiones de casi 2,000 millones de dólares en energía eólica del país.

Sobre este tema, existe un entusiasmo acotado en materia de estímulo de nuevos capitales.

“En materia de energías renovables, para el Plan de Infraestructura Eléctrica, consideramos que hay baja probabilidad de que se reactiven las subastas de energía, no obstante, el sector y el mercado eléctrico siguen abiertos a la inversión privada”, dijo David Berezowsky, asociado de la firma desarrolladora de proyectos renovables Foley Gardere Arena, quien consideró que el Plan de Infraestructura Energética del gobierno de México no reabrirá las rondas petroleras ni las subastas de energía, las oportunidades estarán abiertas para las energías renovables.

“Con base en las nuevas políticas del gobierno en materia energética, consideramos que el sector privado participará activamente en generación distribuida, abasto aislado o generación local y en el desarrollo de proyectos de generación que estén ubicados en la misma zona de potencia donde se encuentre la demanda de energía”, afirmó.

En tanto, asociaciones de energías renovables, como la Asociación Mexicana de Energía Eólica y la Asociación Mexicana de Energía Solar Fotovoltaica, confían en que se dará continuidad con apoyo gubernamental a las propuestas más avanzadas en materia financiera y regulatoria que se han presentado en los últimos meses.

Además, el mercado eléctrico mayorista sigue abierto y los desarrolladores de los proyectos solares o eólicos que estaban destinados para la cuarta subasta podrían culminar su desarrollo para que participen en el mercado. Para que esto ocurra, los participantes deberán de buscar esquemas que permitan el financiamiento de los proyectos, ya sea en un esquema merchant o que se anclen de usuarios finales, o una mezcla de ambos, consideró David Berezowsky.

Además, aseguró que, para la energía solar, los esquemas de abasto aislado y generación local serán muy importantes y se espera que el sector privado esté buscando este tipo de proyectos para satisfacer las necesidades de los usuarios finales.

Explicó que conforme al Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional, México necesitará construir capacidad de generación adicional de aproximadamente 35 GW para satisfacer la creciente demanda de energía del país, que crece a un ritmo de 3.5% anual.

Según el experto, con la política energética actual respecto a la cancelación de las subastas y la limitación de la participación del sector privado en generación a 46%, se estaría incumpliendo con las metas previstas en la Ley de Transición Energética y en los tratados internacionales respecto al cambio climático.

kgarcia@eleconomista.com.mx