Monterrey, NL. El secretario de Finanzas y tesorero general del estado de Nuevo León, Carlos Garza Ibarra entregó el paquete fiscal del 2021 al Congreso estatal, con un presupuesto de egresos por 107,649 millones de pesos, el cual representa un decremento en términos reales de -0.6% respecto al autorizado en la ley 2020,y un déficit de 8,606 millones de pesos en 2021.

“De no haber tenido el reto de Covid-19, las finanzas hubieran presentado un equilibrio, e incluso un superávit en 2020 y 2021, pero la caída de ingresos propios, más las presiones de gasto, y los gastos generados por las elecciones (en junio de 2021) hacen que presentemos un déficit”, expuso el funcionario.

Explicó que para reducir el déficit el presupuesto incluye un ajuste al gasto de 4,242 millones, lo que significa 1,000 millones de pesos más, con lo cual se llega a un déficit de 8,606 millones de pesos.

Aseguró que la administración hará un esfuerzo por mejorar la recaudación sin subir impuestos, ni derechos, salvo las actualizaciones de UMA (Unidad de Medida y Actualización).

"La salud y la seguridad siguen siendo las prioridades de este gobierno, además involucra al gobierno saliente y entrante y en un sentido estricto de vigilancia le estamos proponiendo al Congreso poder contar con instrumentos que le permitan a la próxima administración arrancar de una forma menos complicada", señaló.

Los ingresos totales proyectan una disminución de 2.3%, los ingresos propios prevén una baja de 11.7 por ciento.

A su vez, las participaciones federales disminuyen 3.1 respecto a la Ley 2020, mientras que las transferencias federales presentan un incremento del 0.1 por ciento.

Las transferencias a municipios disminuyen 5.8% respecto al autorizado para el ejercicio 2020.

La dependencia buscará financiamiento por 2,970 millones de pesos más lo que permite la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, como compensación a la caída de ingresos y aumento de gastos por Covid-19.

Garza Ibarra sostuvo que se buscará una reestructura de deuda de corto plazo, que por ley se tendría que pagar tres meses antes de que termine esta administración, en el mes de octubre de 2021.

También van a solicitar al Congreso local, la reestructura de largo plazo de la deuda, en caso de que el panorama financiero permita conseguir mejores condiciones.