Debido a que no cuenta con personal suficiente ni especializado, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) adjudicó a las empresas Grupo Adma y De Buen Infraestructura un contrato por 4.9 millones de pesos, con la finalidad de elaborar el Programa Nacional de Infraestructura para el desarrollo carretero de México 2019-2024, que incluye, entre otros aspectos, la identificación de fuentes de financiamiento.

El principal documento sectorial de la dependencia deberá estar concluido antes de que finalice el presente año y deberá contener una visión de largo plazo al 2040.

Las firmas tienen ahora el objetivo de generar la detallada cartera de proyectos de la presente administración federal, su impacto social, económico, sus efectos multiplicadores, la estimación de empleos a generar y el impacto que tendrían en la competitividad del país, entre otros factores.

Para la elección de Grupo Adma y De Buen Infraestructura, la SCT realizó una convocatoria pública de carácter nacional en la que fueron desechadas las propuestas técnicas y económicas de firmas con experiencia en la materia: Idom Ingeniería, Cal y Mayor y Asociados, Felipe Ochoa y Asociados.

En la etapa final del concurso, se eligió la propuesta económica más baja de las participantes, que incluía a Transconsult y Soluciones en Infraestructura Sustentable.

De acuerdo con un exfuncionario de la SCT, el hecho de licitar la elaboración de la estrategia a seguir en materia carretera muestra los efectos negativos de los recortes laborales que hubo en la dependencia, mismos que ahora ocasionan destinar recursos adicionales.

“No se falta a la ley, pero queda claro que ya no se puede contar, como antes, con la experiencia de los trabajadores de los centros SCT que hay en país, lo que ayudaba a conocer a detalle las necesidades de cada región. Habrá que estar atentos si en tan poco tiempo se puede elaborar un buen producto”, explicó a El Economista el experto que laboró durante el sexenio pasado.

Visión de largo plazo

En la información disponible sobre el tema, la dependencia reconoció la necesidad de contar con un plan de desarrollo de infraestructura de largo plazo y con una visión totalmente técnica, como ha insistido en la última década el sector privado.

Las empresas consultoras ganadoras deberán plantear escenarios de base quinquenal “que permitan reconocer las megatendencias esperadas en el crecimiento de las variables fundamentales que determinan la demanda de transporte por vía carretera y terrestre, considerando los mercados doméstico e internacional”.

Otro aspecto fundamental de la información a entregar son los mecanismos de financiamiento para concretar la propuesta de desarrollo carretero, que, de entrada, debe ser “más robusto y sofisticado” y generar un adecuado balance entre las inversiones públicas y privadas. Además, se tendrá que reconocer como prioridad generar impactos en regiones del país en las que anteriormente no se consideraban estratégicas para la administración pública.

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