Diputados buscan endurecer requisitos para integrantes de paraestatales

La Cámara de Diputados dio trámite de publicidad al dictamen generado por la Comisión de Gobernación por el que se agrega una fracción VI al artículo 19 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, con lo que se busca endurecer las reglas para las personas que aspiren a formar parte de los órganos de gobierno de dichas instituciones federales.

De acuerdo con el dictamen al que se le dio publicidad, con lo que se abre la posibilidad de que se debata en el pleno del recinto legislativo de San Lázaro, a unas horas de que termine el periodo ordinario de sesiones, este martes 30 de abril, se prevé acotar conflictos de intereses.

Y es que según la fracción VI que se propone anexar no podrán formar parte del Órgano de Gobierno de una entidad paraestatal “las personas que tengan o hayan tenido, en por lo menos cinco años, participación o intereses particulares o familiares en empresas que pudieran relacionarse o resultar beneficiadas con las operaciones de la entidad”.

En la actualidad, el artículo 19 de la ley federal precisa las restricciones a considerar para el nombramiento de los integrantes de los órganos de gobierno.

En dicho artículo, en la fracción II, por ejemplo, se indica que no podrán formar parte del Órgano de Gobierno los cónyuges y las personas que tengan parentesco por sangre, hasta el cuatro grado, con alguno de los miembros activos del mismo Órgano de Gobierno de la institución pública.

Asimismo, en las fracciones siguientes se indica que no podrán formar parte del Órgano de Gobierno los diputados en funciones, la personas sentenciadas por delitos patrimoniales o personas que tengan litigios pendientes en contra de la misma institución de la cual se pretende formar parte del Órgano de Gobierno.

En el proyecto de dictamen, que se generó con respecto a la iniciativa presentada por la diputada de Morena y presidenta de la misma Comisión de Gobernación, Rocío Barrera Badillo, el pasado 20 de noviembre del 2018, se arguye un caso de conflictos de intereses que se dio en Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe).

La legisladora expone una investigación realizada por la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, en donde se expone que, derivado del tráfico de información, un grupo de empresas se vieron beneficiadas con licitaciones de obra pública.

“Medidas como éstas están encaminadas a cerrarle el paso a prácticas corruptas, que desde distintos niveles de gobierno hacen daño a nuestro país. En términos económicos, de acuerdo con estimaciones del Banco Mundial, la OEA y el CEESP, el costo de la corrupción fluctúa entre 9 y 10% del Producto Interno Bruto”, se precisa en la fundamentación del dictamen, que se espera entre a discusión en la sesión de este martes, último día del periodo ordinario de sesiones. En caso de aprobarse, pasará a la Cámara de Senadores para que se dictamine.