A unas horas de que el pleno de la Cámara de Diputados discuta el dictamen de la nueva Ley de Amparo, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) demandó a los legisladores eliminar la fracción XIII del artículo 129, que establece la improcedencia del amparo en el caso de actos de autoridad relacionados con bienes de dominio directo de la nación (referentes a las concesiones), y piden se precise la redacción del punto relativo de las entidades financieras.

De acuerdo con el presidente del CCE, Gerardo Gutiérrez Candiani, se requiere eliminar o, en su caso, precisar la redacción de la fracción XI del artículo 129 de la minuta de Ley de Amparo, referente a las entidades financieras, ya que presume indebidamente que toda intervención, revocación, liquidación o quiebra ordenada por las autoridades siempre se justifica para la protección del público ahorrador, lo cual varía de caso en caso .

Calificó como impreciso y demasiado general el hecho de impedir la suspensión provisional en actos que sean impostergables, lo cual es subjetivo e imprevisible y, finalmente, impide la suspensión sin importar si ella afectará al interés social .

El sector privado considera que la nueva ley en su conjunto constituye un avance en la defensa de los ciudadanos frente a los actos de autoridades que sobrepasen los límites de sus atribuciones y pese a que hemos estado atentos para lograr un instrumento equilibrado, que amplíe los derechos y la certidumbre jurídica de los gobernados. Existen en el proyecto aprobado por el Senado disposiciones que resultan sensibles para el sector empresarial y deberían corregirse .

Este jueves, el pleno de la Cámara de Diputados prevé votar la ley de amparo, minuta que había sido votada por el Senado de la República desde octubre del 2011 y que contiene dichas modificaciones, aunque la Iniciativa Privada (IP) había cabildeado desde ese entonces para eliminar estas fracciones, el martes pasado, la Comisión de Justicia avaló la iniciativa sin cambios.

AJUSTE A NUEVA REALIDAD: PRD

El vicecoordinador de los legisladores del PRD, Miguel Alonso Raya, aclaró que la norma de ninguna manera pretende extinguir la figura de la suspensión de amparo del acto reclamado, sino ajustarla a una nueva realidad social .

El Diputado agregó que las modificaciones a la ley permitirían terminar con las argucias legales en las que incurren los monopolios y algunos prestadores de servicios que, mediante el uso de la figura de la suspensión provisional, frenan las decisiones de las autoridades y de esta forma les permite mantener privilegios y abusos en pagos de tarifas por prestación de servicios, en agravio del ciudadano, por tiempo indeterminado en tanto haya una suspensión definitiva.

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