La inconstitucionalidad del acuerdo presidencial para blindar las obras públicas prioritarias abre la puerta para emprender una “ola de amparos” de la ciudadanía, por atentar contra los derechos humanos, violentar el estado de derecho y ejecutar asignaciones directas de obras brincándose la ley de contratos con ilegalidad e impunidad, advirtieron ejecutivos de finanzas, abogados y patrones en México.

“No puede haber nada ni nadie por encima de la ley; y tampoco puede haber disposición legal o normativa alguna que atente contra los derechos humanos”, estableció José Medina Mora, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en el foro Acciones para Salvaguardar Tus Derechos, contención al acuerdo presidencial en materia de obras públicas, organizado por Guardianes de la Constitución (organizaciones de la sociedad civil).

Hace unos días, el presidente Andrés Manuel López Obrador publicó un acuerdo para blindar sus obras públicas (Tren Maya, Aeropuerto de Santa Lucía o la Refinería de Dos Bocas, entre muchos otros proyectos), bajo el esquema de seguridad nacional y eludir las licitaciones públicas, lo que provoca un trato desigual y atenta contra la transparencia de los recursos públicos.

La abogacía mexicana explicó que uno de los factores para interponer amparos es que el acuerdo atenta contra la división de poderes, al imponerse un acuerdo de “muy bajo nivel jerárquico” sobre la Constitución, los tratados internacionales, las leyes y los reglamentos especiales, así como de leyes de contratación de obra, en materia de competencia económica, que provoca competencia desleal.

Moisés Castro Pizaña, presidente de la Consejo Directivo de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Colegio de Abogados (ANADE), comentó que se podrían promover acciones de inconstitucionalidad, incluso, “se podría cuestionar por las minorías en las cámaras de diputados y senadores, que no estuvieran de acuerdo, porque consideraran que eso violenta la Constitución”.

Abundó, lo que se está propiciando con este acuerdo, en estos términos, es que se quieren brincar toda vía constitucional que debería tener cualquier modificación o impacto en una determinación de esta envergadura, cómo es que los proyectos del gobierno federal quedan excluidos de la revisión que deben tener estos proyectos porque la ley.

La presidenta del Consejo Directivo de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, Claudia de Buen, señaló, ante la competencia desleal, los amparos podrían proceder desde dos perspectivas: uno, al ser publicado el acuerdo, se puede interponer un amparo durante los 30 días próximos; y la otra vía es la asignación de obras, que elude a la ley de contratos y obras.

También pueden promover un amparo aquellas personas que sientan que han sido afectadas de una u otra manera con este acuerdo es decir, por el tema de la competencia desleal porque se va a elegir a dedazo, a quien va a llevar a cabo estas obras y no a quien de la mejor oferta o sea el mejor calificado para ello, entonces sí, creo que nos vamos a inundar de amparos”, alertó la dirigente del Colegio de Abogados.

Durante la primer mesa de análisis en la que asistió la Coparmex, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), la ANADE, Consejo Directivo de la Barra Mexicana de Abogados, especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y del Observatorio Nacional para el Respeto y Cumplimiento de la Constitución, cerraron filas para salvar los derechos humanos y contener ese acuerdo del Presidente Andrés Manuel López Obrador ante la inconstitucionalidad.

kg