Por primera vez, el gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, presentó de manera oficial al gobierno de México una solictud para que sea revisado el caso de violación a los derechos laborales de los trabajadores de la planta de Silao, Guanajuato, de la emblemática empresa americana General Motors, cuyo caso podría escalar a niveles que provoquen la imposición de aranceles al sector automotriz.

La solicitud que formaliza el gobierno de Estados Unidos, en el marco del T-MEC, a diferencia de la que se presentó en contra de la planta de autopartes Tridonex, no pasa por un proceso de análisis, sino que da al gobierno de México, a través de las secretarías de Trabajo y Economía un plazo de 45 días para que se dé respuesta sobre si se hubo “denegación” de los derechos laborales de los trabajadores de la planta de General Motors

Cabe recordar que en el mes de abril el sindicato que tiene la titularidad, Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Metal-Mecánica, Sidero-Metalúrgica, Automotriz y Proveedoras de Autopartes en General, de la Energía, sus Derivados y Similares de la República Mexicana “Miguel Trujillo López”, pidió realizar el proceso de legitimación de contrato colectivo de trabajo; no obstante, fueron destruidas las boletas que contenían los votos de los trabajadores.

Estos hechos llegaron hasta al Departamento de Economía y de Trabajo de Estados Unidos, a lo que la representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, informó que la información recibida  "parece indicar violaciones graves" de los derechos de los trabajadores en una votación sobre un contrato sindical en abril en la fábrica de General Motors en Silao en el centro de México.

La solicitud de revisión marca la primera vez que un país ha utilizado el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida en el USMCA, que permite a los países enfocarse en las violaciones de los derechos laborales en fábricas específicas. Tai ayudó a negociar el mecanismo de ejecución laboral en nombre de los demócratas en el Congreso de los Estados Unidos.

En un comunicado, la representante comercial de la Casa Blanca, Katherine Tai, dijo que la acción “muestra el compromiso serio de la administración del presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris con los trabajadores y una política comercial centrada en los trabajadores”.

La USTR y el Departamento de Trabajo recibieron hace varios meses información, a través de una línea directa confidencial establecida para hacer cumplir el T-MEC, por parte de una persona que dijo que una planta de General Motors en Silao, Guanajuato, estaba violando ese acuerdo comercial.

Las peticiones solo pueden alegar un incumplimiento de las obligaciones del T-MEC en función de la conducta que ocurrió después de la entrada en vigor, el 1 de julio de 2020. Para garantizar que el acuerdo beneficie a los trabajadores, el T-MEC, a diferencia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN, su antecesor), incorpora las obligaciones laborales en el núcleo del acuerdo y las hace plenamente exigibles.

El T-MEC incluye un anexo que obliga al gobierno mexicano a incluir disposiciones en su legislación interna para asegurar que, previo al registro inicial de un contrato colectivo de trabajo o durante la revisión del mismo, mediante el voto individual y secreto de los trabajadores, el contrato cuente con el apoyo de la mayoría de los trabajadores.

La USTR y el Departamento del Trabajo recibieron “información que parece indicar graves violaciones” de los derechos de los trabajadores en esa planta de General Motors, relacionadas con una votación reciente sobre su contrato colectivo.

“El uso del T-MEC ayuda a proteger la libertad de asociación y los derechos de negociación colectiva en México”, dijo Tai en el comunicado. “También apoya los esfuerzos de México para implementar sus recientes reformas a la legislación laboral”.

La planta de General Motors en Silao es un eje de su estrategia de camiones en América del Norte, ya que produjo más de 339,000 camionetas Chevrolet Silverado y GMC Sierra de tamaño completo en 2019, más de un tercio del total de 906,000 de la compañía ese año.

En la víspera, la Secretaría de Trabajo de México comunicó que detectó “graves irregularidades” en la votación y ordenó que se realizara nuevamente en 30 días, tras acusaciones de que el sindicato en la instalación había manipulado ese proceso de elección.

General Motors dijo que cooperaría con los gobiernos de Estados Unidos y México en el asunto y que condena la violación de los derechos laborales y las acciones para restringir la negociación colectiva.

Para ello, la secretaria de Trabajo y Previsión Social anunció que se tiene que reponer el proceso de legitimación de contrato en 30 días, por lo que el sindicato titular tendrán que iniciar el proceso para que los 6,000 trabajadores puedan emitir su voto.

El T-MEC compromete a las Partes a no renegociar ni derogar los estatutos o reglamentos laborales para promover el comercio y la inversión, así como a no dejar de hacer cumplir efectivamente las leyes laborales a través de un “curso de acción o inacción sostenido o recurrente” (con la excepción de la violencia laboral) de una manera que afecte el comercio o la inversión entre las partes.

También obliga a promover el cumplimiento de las leyes laborales a través de acciones gubernamentales apropiadas, como nombrar y capacitar inspectores o monitorear el cumplimiento e investigar presuntas violaciones.

Además, el T-MEC prohíbe la importación de bienes hechos por trabajo forzado y agrega nuevos compromisos relacionados con la violencia contra los trabajadores, la protección de los trabajadores migrantes y la discriminación en el lugar de trabajo.

El lunes, la AFL-CIO y otros grupos presentaron la primera solicitud de un caso de respuesta rápida laboral en contra de una empresa de autopartes instalada en México en el marco del T-MEC.

El caso está dirigido contra Tridonex, una empresa ubicada en Matamoros, con matriz en Filadelfia (Cardone Industries) y controlada por la canadiense Brookfield Asset Management.

roberto.morales@eleconomista.mx