Expertos y abogados coincidieron en que aún existen métodos para frenar la sanción por 66 millones de dólares que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) impuso a Cemargos, Cemex, Holcim y seis altos directivos por fijación de precios en el periodo 2010-2012. Se trata del recurso de reposición, el cual según anunció las tres cementeras están dispuestos a usar para evitar el pago de una multa.

La Superintendencia argumentó que el precio exfábrica del cemento gris Pórtland Tipo 1 en el mercado nacional durante el período investigado 2010-2012 aumentó 29.9%, mientras que la inflación causada en ese mismo periodo de tres años fue de 9.3 por ciento. Es decir, en el periodo investigado, el precio exfábrica del cemento aumentó más de 20% por encima de la inflación.

Ante este pronunciamiento, las empresas rechazaron la determinación. Holcim sostuvo “que entregó de forma oportuna pruebas contundentes que demuestran que estas conductas anticompetitivas nunca existieron en el mercado”.

A esta misma dinámica se sumó Cemargos: “cabe destacar que los precios de Argos en el periodo investigado (2010–2012) tuvieron el comportamiento esperado en un mercado en competencia al crecer en términos reales 3% por encima de la inflación en un periodo de crecimiento anual promedio del Producto IB de 5 y de 8% de la demanda de cemento”.

Según Emilio Archila, director del departamento de Derecho Económico de la Universidad Externado y socio de Archila Abogados, “se espera que por ahora las cementeras sean notificadas de la decisión. Después de esto tienen 10 días para interponer un recurso de reposición, y ahí la SIC tendrá entre dos y tres meses pasa definir la situación. Esto se podría definir antes de marzo”. Así, el pago de la multa se podría dar hasta el próximo año.

Jorge Yequel, apoderado de Tequendama, aseguró que si bien la cementera logró comprobar que no tuvo ningún acuerdo con las normas de competencia, a las empresas señaladas les quedan dos caminos: “recurso de reposición ante la Superintendencia o demanda de la resolución ante el Contencioso Administrativo. Dependiendo los argumentos que se establezcan se podría dar una decisión, ésta tardaría hasta tres meses”. De acuerdo con SIC, “desde 1997 hasta la fecha se ha adelantado cinco investigaciones contra empresas del sector cementero”.

La entidad destacó que estas tres compañías cuentan con 96% de participación de mercado, por lo que, en términos generales, podría ser llamado como monopolio. Esto debido a que los precios de venta, en el periodo investigado, superaron 65% los costos de producción, generando una amplia brecha que permitió obtener supraganancias.