México captó 905.7 millones de dólares en Inversión Extranjera Directa (IED) en la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica durante los tres primeros trimestres del 2020, una disminución interanual de 32.2%, de acuerdo con datos de la Secretaría de Economía.

Se trata del segundo descenso continuo, puesto que este indicador tuvo un retroceso de 65.4% comparando los mismos periodos de 2019 frente a 2018.

La tendencia ocurre mientras el gobierno federal busca fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y ha establecido límites a los permisos de interconexión solicitados por los generadores de energía solar y eólica si se considera que las redes están saturadas o no tienen suficiente generación para darles respaldo.

Las llegadas de IED en la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica de México han superado los 1,000 millones de dólares anuales en los últimos cinco años, con la cresta en 2018, cuando alcanzaron 4,989 millones de dólares, tras cuatro años de crecimientos continuos.

En el 2019, el plan de desarrollo energético del gobierno mexicano informó que la generación de energía en México representó 327,965 GWh (Gigavatios hora), de los cuales 26.6% se generó con fuentes de energía limpia, incluyendo renovables, nuclear y cogeneración eficiente.

Según una publicación de la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA), México tiene un potencial de recursos significativo y diverso y podría atraer inversiones a gran escala para diversificar su suministro de energía.

Si las condiciones del mercado son favorables, México podría seguir atrayendo inversiones para proyectos de energía renovable, como se vio en tres subastas de largo plazo que se llevaron a cabo entre 2015 y 2018. Sin embargo, desde el punto de vista del Departamento de Comercio de Estados Unidos, los cambios de política recientes están creando desafíos para los interesados en participar en los actuales y nuevos proyectos de energías renovables.

La Ley de la Industria Eléctrica establece un marco regulatorio que permite a las empresas del sector privado obtener permisos para la generación y comercialización de energía eléctrica en un nuevo mercado eléctrico mayorista, y el Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica detalla el proceso de licitación para participar en el sector eléctrico.

A su vez, la Ley de Transición Energética tiene como objetivo combatir el cambio climático promoviendo fuentes de energía más limpias. La ley establece un programa de certificados de energía limpia y fija como meta que México genere al menos entre 30 y 35% de su suministro eléctrico a partir de fuentes de energía limpia para el 2021 y 2024, respectivamente.

Un informe del Departamento de Estado estadounidense expuso que recientes cambios normativos propuestos por la Secretaría de Energía intentan modificar las reglas bajo las cuales el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) otorga acceso a la red para favorecer a la CFE.

“Decenas de empresas privadas y organizaciones no gubernamentales han presentado demandas contra las medidas, que argumentan discriminan a los participantes privados en el sector eléctrico”, añadió. Bajo el Plan Nacional de Desarrollo, el gobierno federal de México pretende brindar recursos a la CFE para modernizar su infraestructura y aliviar ciertas cargas tributarias.

Según el gobierno, las nuevas políticas energéticas alentarán a la población de México a incorporar fuentes de energía renovables en la producción de electricidad, lo que se espera mejore el acceso a la electricidad para aproximadamente 2 millones de personas que viven en comunidades pequeñas y aisladas que aún carecen de acceso.

roberto.morales@eleconomista.mx