La empresa distribuidora de gas licuado de petróleo (LP) Blue Propane, que cuenta con 35 estaciones de servicio expendedor en Sinaloa y Sonora, presentó ante la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) una denuncia con todos los elementos que acusan a las autoridades locales y a las empresas Zeta Gas y Silza, en Tijuana, donde tienen evidencia de la colusión que produce barreras económicas para nuevos participantes del mercado, lo que aumenta los precios.

Además, presentarán al medio día de este miércoles la misma denuncia pero en Palacio Nacional, para que las autoridades federales tomen cartas en el asunto, luego de que durante más de 2 años han intentado abrir 10 estaciones de servicio y aunque cuentan con todas las autorizaciones a nivel federal, las autoridades locales les ponen obstáculos por una presunta colusión con las dos empresas que dominan ese mercado y establecen los precios. 

Alan Jaramillo, representante legal de Blue Propane, detalló a El Economista que acusan a la Secretaría del Medio Ambiente de Baja California, al Ayuntamiento de Tijuana, al departamento de Dirección Urbana de esa ciudad, así como a las empresas Silza y Zeta Gasy a los titulares de las asociaciones de gaseros en la localidad, que son Jorge Ramos Pérez e Isabel Hernández Juárez. 

“Ya contamos con resoluciones favorables de parte de un tribunal colegiado al que el juez de distrito le turnó el juicio de amparo 1043/2019 en siete de los 10 establecimientos y sencillamente el Ayuntamiento sigue sin conceder los permisos para que iniciemos operaciones”, dijo.

Según la empresa, cada estación almacena hasta 5,000 kilos de gas y sería el potencial adicional que llevaríamos a la ciudad, para competir. Hasta el momento, calculan que han perdido 400 millones de pesos por los retrasos de que han sido víctimas. 

“Por eso queremos explicarle con elementos a la autoridad federal que no son sólo los distribuidores o los repartidores, hay cadenas de corrupción que se deben combatir para que realmente puedan entrar nuevos competidores y los consumidores se vean beneficiados, nosotros somos un ejemplo fuera del oligopolio que domina hoy la venta de gas LP”, aseguró.

Según el tope de precios que implementó la Comisión Reguladora de Energía (CRE) a partir de este domingo, la colusión en Baja California hizo que pasara del sexto al lugar 29 en precios más altos en el comparativo con el 30 de junio, ya que los distribuidores deben vender hasta 19.2% o 5.25 pesos por kilogramo más barato de lo que realmente lo hacían en promedio. Para la semana del 1 al 7 de agosto, el precio tope promedio en la entidad es de 21.61 pesos por kilogramo, cuando al 30 de junio el promedio real al que se vendía era de 26.73 pesos por kilo. 

Apenas el 31 de mayo pasado, la Autoridad Investigadora de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) inició un procedimiento para determinar si existen condiciones de competencia efectiva en la distribución no vinculada a ductos de gas licuado de petróleo (gas LP) a nivel nacional, combustible que es usado por siete de cada 10 hogares y del cual las importaciones de empresas distintas a Pemex han aumentado 11 veces desde que se abrió el mercado a privados. Además, en marzo emplazó a diversas empresas al determinar su probable responsabilidad en la realización de dichos acuerdos ilegales. 

karol.garcia@eleconomista.mx