Contrario a lo que demanda el sector empresarial en el sentido de modificar la minuta por la que se expide la nueva Ley de Amparo para evitar la eliminación de la figura de la suspensión del acto reclamado, la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados ratificó, en sus términos, los cambios aprobados por los senadores en octubre del 2011.

Desde el punto de vista de los representantes de la Iniciativa Privada, la nueva ley, que abrogará la vigente desde 1936, representa un duro golpe en su contra al desaparecer la suspensión en el juicio de amparo, lo que significa que no se podrá solicitar la protección judicial contra actos de autoridad que pudieran ser inconstitucionales.

En su oportunidad, Héctor Gutiérrez de la Garza (PRI) habló de la urgencia por aprobar la nueva ley y destacó el hecho de que muchos de los que hoy son funcionarios públicos de alto rango en alguna Secretaría de Estado o diputados federales votaron los referidos cambios en su calidad de senadores de la pasada Legislatura del Congreso de la Unión.

El dictamen confeccionado por la citada Comisión fue aprobado anoche en lo general y particular por 20 votos, salvo los artículos reservados, entre los que destaca el 129, fracciones I, XI y XII reservados por José Arturo Salinas Garza (PAN).

Entre las fracciones que el panista propone eliminar se encuentran justamente las que no gustan al sector empresarial y contra las que los representantes de la Iniciativa Privada realizan fuertes cabildeos en San Lázaro, cuya redacción precisa que se considerará que se siguen perjuicios al interés social o que se contravienen disposiciones de orden público cuando, de concederse la suspensión:

Se permita el ingreso en el país de mercancías cuya introducción este prohibida en términos de ley, o bien, se encuentre en alguno de los supuesto previstos en el Artículo 131 párrafo segundo de la Constitución; se incumplan con las normas relativas a regulaciones y restricciones no arancelarias a la exportación o importación, salvo el caso de las cuotas compensatorias, las cuales se apegaran a lo regulado en el artículo 135 de esta ley; se incumplan con las Normas Oficiales Mexicanas; se afecte la producción nacional.

Se impidan o interrumpan los procedimientos relativos a la intervención, revocación, liquidación o quiebra de entidades financieras, y demás actos que sean impostergables, siempre en protección del publico ahorrador y sólo en una situación de crisis, para salvaguardar el sistema de pagos o su estabilidad.

Se impida u obstaculice al Estado la utilización, aprovechamiento o explotación de los bienes de dominio directo referidos en el artículo 27 de la Constitución Política de os Estado Unidos Mexicanos .

ELIMINACIÓN VULNERA GARANTÍAS INDIVIDUALES: COPARMEX

Cabildea IP para evitar fin de suspensión judicial

En medio de un intenso cabildeo y jaloneo, se mantiene el proceso de aprobación de la minuta legislativa que reforma la Ley de Amparo, misma que pretende eliminar la figura de la suspensión judicial, aspecto que afectaría a entidades financieras y concesionarios de bienes del Estado, por lo cual, el sector empresarial puso en la mesa de la negociación con los diputados eliminar o modificar este punto con el fin de no afectar a determinado sector.

Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), afirmó que la preocupación deriva del artículo 129 de la minuta de Ley de Amparo que avaló el Senado, en sus fracciones XI y XIII. En el primero, se afecta a las entidades financieras; el otro inciso responde a los bienes de dominio directo de la nación, que son concesiones.

Lo que proponemos son dos vías: ya sea que se eliminen o modifiquen, donde el espíritu no se pierda, pero que sí se protejan estas fracciones porque sí son muy relevantes para el sector privado , expresó el dirigente empresarial a El Economista.

Por su parte, el Fortino Delgado, presidente de la Comisión de Justicia de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex, que preside Juan Pablo Castañón), expresó que, de vulnerar la suspensión, se violarán las garantías individuales no sólo de personas morales, sino de físicas.

El acto de suspensión tiene que ser un acto amplio, no limitativo y tiene muchos años. Es un derecho fundamental de todas las personas para evitar que un acto de la autoridad conculque las garantías individuales. No podemos limitar un acto de defensa para procurar en la esfera de garantías individuales , comentó el especialista.

Precisó que la Coparmex es partícipe de que se lleven a cabo las reformas de la Ley de Amparo, pero que sea integral. Se busca que se modernice y ponga ordenamiento a la Ley de Amparo. El Congreso nos debe una Ley de Amparo, pero no limitar los derechos de los gobernados , abundó.

(Con información de Lilia González)

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