A tres años de que los estados de la República asumieran el compromiso de fortalecer las medidas para prevenir y combatir el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo y de crear una Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE), ni siquiera la mitad de las entidades federativas han cumplido. Sólo 14 tienen tipificado como delito penal este ilícito y cinco cuentan con la UIPE, de las cuales sólo dos operan formalmente; el resto está en vías de crearse.

De acuerdo con los informes de evaluación de programas estatales de seguridad pública y las gacetas oficiales emitidas por los gobiernos locales, dicha meta está parcialmente cumplida y en la mayoría de los casos ni siquiera la han llevado a cabo.

Lo anterior, advierten especialistas, va en detrimento de los esfuerzos federales para luchar en contra del lavado.

El director general adjunto del Buró de Seguridad y Legalidad Financiera, Orbelín Pérez, menciona la ruta que deben seguir los estados para no sólo combatir las operaciones con recursos de procedencia ilícita, sino para prevenirlo.

Primero, advierte, se debe tipificar el lavado de dinero en los códigos penales estatales. Segundo: deben contar con una ley de extinción de dominio estatal y tres, construir sus unidades de inteligencia patrimonial y económica.

EL MICHOACANAZO

Como ejemplo, menciona el caso de Michoacán. Si el estado hubiera construido una unidad que al menos tuviera información de cuáles son las propiedades de los grupos de delincuencia que adquirieron con esos recursos de manera ilícita . Con esa información se podría echar mano de los activos, porque el propósito es restar poder para corromper la múltiple cantidad que ellos suelen arrebatarle a la sociedad por medio de la intimidación y de la amenaza.

Establece que si bien muchas propiedades están a nombre de terceros, ahí es donde entra la labor de inteligencia. En Michoacán no han construido unidades de inteligencia y por eso hay que intervenir de esa forma , destaca. Por eso afirma la importancia de cimentar instituciones jurídicas sólidas que hagan inteligencia técnica.

LOS AVANCES

En el 2011 se estableció dentro de la Estrategia Nacional para el Combate de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, una cifra estimada de 248 millones de pesos para la instalación de las UIPE encargadas de la integración, evaluación y vinculación de que disponen por disposición normativa diversas instancias locales.

De esa cantidad, 8 millones de pesos serviría para equipamiento e infraestructura de esas instancias en los 31 estados que aún no contaran con ella.

Cabe destacar que el Distrito Federal cuenta con su propia UIPE, que tuvo que crear casi de manera forzada tras el escándalo del entonces Secretario de Finanzas, Gustavo Ponce, que presuntamente utilizó recursos públicos en juegos de apuestas en Las Vegas. El Estado de México es otra que tiene una UIPE que opera formalmente, otras están en construcción. Sonora publicó en octubre del 2012 un acuerdo para crear una UIPE, adscrita a la Secretaría de Hacienda, cuyo objeto será generar, analizar y consolidar información fiscal, financiera y patrimonial para la investigación, persecución, procesamiento y sanción de los delitos relacionados con delincuencia organizada.

Guerrero reporta metas parciales, según el Programa con Prioridad Nacional para la UIPE, proyecto al cual no se han canalizado recursos. En su Informe Anual de Evaluación 2012, tiene metas parciales en la tipificación del delito y en la creación de su unidad antilavado con avances de 30 y 40% respecto de lo programado.

Zacatecas tiene un avance de 20% en el cumplimiento de reformar su código y tener una ley de extinción de dominio para adecuarla a los delitos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Para la implementación de la UIPE lleva un progreso de 40 por ciento.

Colima estableció el 7 de julio del 2012, por decreto. alinearse en materia antilavado con la directriz planteada en la estrategia nacional, pero no tiene avances importantes. Otras que están en vías de construcción son Sinaloa y Sonora, así como Guanajuato.

leonor.flores@eleconomista.mx