Luego de la aprobación del nuevo Régimen Simplificado de Confianza, que entrará en vigor a partir del siguiente año, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que trabaja en una facilidad administrativa para incorporar a este régimen a contribuyentes que sean parte de una organización con fines no lucrativos.

A través de una nota informativa, el órgano recaudador recordó que a este régimen pueden acceder contribuyentes que se encuentren en los regímenes de Actividades Empresariales y Profesionales; de Arrendamiento; Incorporación Fiscal; así como los de Actividades Agrícolas, Ganaderas, Pesqueras y Silvícolas.

“Actualmente, el SAT construye una facilidad administrativa con la intención de incorporar al Régimen Simplificado de Confianza a aquellos contribuyentes que formen parte de una organización con fines no lucrativos (Uniones de Crédito, Sociedades Cooperativas, Fondos de Aseguramiento, Sociedades de Producción Rural, Asociaciones Agrícolas o Ganaderas, entre otras). Con esta facilidad podrían incorporarse los 38,357 contribuyentes que forman parte de dichas organizaciones”, detalló el órgano recaudador a

El Régimen Simplificado de Confianza entrará en vigor a partir del 2022 y busca atraer a más contribuyentes a la formalidad, al otorgarles tasas reducidas de ISR y menores trámites a los que hasta este año tienen que realizar incluso los causantes de menores ingresos.

Está dirigido tanto a personas físicas cuyos ingresos sean de hasta 3.5 millones de pesos anuales, así como para personas morales con ingresos de hasta 35 millones de pesos al año.

En la nota informativa, el fisco también precisó que los contribuyentes del sector primario no verán afectados, de ninguna manera, los apoyos gubernamentales económicos que reciban dado que su naturaleza jurídica no es tributaria.

De acuerdo con cifras del SAT, el sector primario está compuesto por 1 millón 700,000 contribuyentes, de los cuales 99.2% tienen ingresos anuales que no exceden los 900,000 pesos, mientras que sólo 0.3% presentan ingresos anuales superiores a los 3 millones 500,000 pesos.

Ana.martinez@eleconomista.mx