En México, existe una brecha económica entre sus distintas regiones: fortaleza en industria, logística y servicios en el norte, centro y occidente y rezago en el sur-sureste. La descentralización de dependencias que plantea el siguiente gobierno federal tiene como uno de sus objetivos cerrar esta brecha.

“Pienso que es acertada la descentralización del gobierno federal para que haya crecimiento parejo en todos los estados de la República”, dijo Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en noviembre pasado, mediante un video publicado en redes sociales, cuando era candidato a la Presidencia de la República.

Ahora, a menos de cinco meses de que tome posesión en el cargo, la iniciativa de reubicar las dependencias del gobierno federal está tomando forma. Especialistas consultados precisan que el objetivo de incentivar el desarrollo económico de las localidades tiene sus claroscuros y condiciones.

“El traslado va a requerir de un acuerdo con los trabajadores al servicio del Estado, pero les vamos a dar facilidades; en vez de construir viviendas en la Ciudad de México, las vamos a construir en los estados de la República. vamos a utilizar al Fovissste para dar créditos baratos, dar todas la facilidades”, indicó López Obrador en el videomensaje grabado en Palenque, Chiapas.

Para Kristobal Meléndez Aguilar, investigador del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), una de las primeras maneras de impulsar el desarrollo económico de las localidades en donde sean reubicadas las dependencias es contratando a personal local.

“Sí, podría haber un desarrollo económico en el sentido de que algunos estados se podrían ver beneficiados con el hecho de que algunos individuos de algunas de estas entidades federativas estarían siendo contratados y normalmente hay personas con una capacidad intelectual importante al interior de la República; entonces, podrían obtener puestos importantes dentro de sus entidades federativas”, indicó.

Movilizar al personal que actualmente labora en las dependencias significa un gran reto. De acuerdo con el Proyecto de Nación 2018-2024 de López Obrador, en la Administración Pública Federal laboran cerca de 3 millones de personas; de las cuales, 80% se encuentra en la Ciudad de México.

Por otra parte, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en el 2016, las administraciones públicas estaban integradas por 4.2 millones de servidores públicos, de los cuales 39% laboraba en el ámbito federal y 61% en las administraciones estatales.

En el ámbito federal, 33.1% de los servidores públicos trabajaba en dependencias de seguridad social y 21.4% en educación.

Competencia por contratos

El analista del CIEP agregó que un factor que puede ayudar al desarrollo de las localidades en donde se asienten las dependencias federales es la posibilidad de que empresas del lugar compitan por contratos a celebrar con las instancias públicas, en especial aquellos de menor monto “porque sería poco probable que empresas foráneas participen por montos menores”.

El desarrollo económico de las localidades a través de las dependencias tiene sus límites, afirmó Gustavo López Montiel, catedrático del Tecnológico de Monterrey.

“A final de cuentas, trabajar en el gobierno implica una actividad económica, pero no necesariamente significa desarrollo como tal porque para que haya desarrollo necesitamos actividades productivas y si bien el gobierno implica una actividad económica, no necesariamente es productiva en términos de la generación de riqueza”, mencionó.

Como un gran obstáculo a sortear en el proyecto, añadió López Montiel, es la falta de infraestructura en las ciudades a donde se plantea enviar las dependencias federales.

“En muchas de las ciudades que se han planteado como sedes de las secretarías no hay la infraestructura en términos de edificios, en términos de vías de comunicación o servicios, incluso conectividad suficiente como para ubicar ahí una dependencia”, expresó.

Fibras

En el proyecto de nación del virtual presidente considera como una opción para adecuar las instalaciones en las nuevas sedes en los estados utilizar fideicomisos para la inversión de bienes raíces (fibras), “los cuales podrían participar a través de la Bolsa mexicana de Valores, ampliando y democratizando así las fuentes de capitalización del programa sin que sean préstamos, sino capital de riesgo”.

Para arrancar el proyecto se presupuesta la utilización de 22,805 millones de pesos que se ocuparán en rubros como el financiamiento de estudios sobre viabilidad de las ciudades receptoras, estudios sobre el mercado inmobiliario local e incluso una estrategia de promoción y difusión del programa, entre otros rubros.

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