Las resoluciones contrarias que han tomado dos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre demandas temporales para conceder la suspensión de la ley de remuneraciones y salarios, que fija como tope la percepción del presidente de México, evidencia la autonomía de la que gozan los jueces y abre la puerta a que se resuelvan en el pleno, concuerdan especialistas en juicios laborales y amparistas.

Al haber dos criterios diferentes sobre situaciones similares, promovidas por órganos autónomos como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el Banco de México (Banxico), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), indica que la Corte tendrá que subir al pleno para resolver la contradicción de tesis, y ahí la mayoría de los 10 jueces determinará cuál criterio imperará en los juicios de inconstitucionalidad de la citada ley.

El socio del despacho de abogados Trusan & Roma Rodolfo Martínez, quien lleva la defensa de instituciones como la Comisión Nacional de Hidrocarburos, Bancomext, el Centro Nacional de Control de Energía, algunos servidores públicos del Instituto Nacional Electoral y de la CNDH, órganos federales autónomos, y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, explicó que la resolución temporal que concedió al Inegi de mantener las condiciones laborales como en el 2018 sentó precedente para otras que van en el mismo sentido.

El caso del Inegi fue turnado al ministro Alberto Pérez Dayán, mientras que los del Banxico, Cofece y el Ifetel están en la mesa de la ministra Yasmín Esquivel.

Por su parte, el experto del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM Alfredo Sánchez destacó que no importa que un ministro tenga la controversia, la suspensión se concede casuísticamente, es decir, caso por caso.

Son los casos en que la Corte no concedió la suspensión provisional de la ley de remuneraciones y salarios a la CNDH, Banxico, Ifetel y Cofece. El proceso donde se resolverá el fondo del asunto puede durar varios meses o años, previó el experto de la UNAM.

Falla legislativa detona ola de amparos

De acuerdo con el abogado Rodolfo Martínez, muchos de los derechos adquiridos por los servidores públicos, que ya tenían suspensiones definitivas respecto de la afectación que les hacía la anterior ley, la Ley Federal de Remuneraciones, aprobada desde noviembre del 2018, tuvieron que volverse a amparar.

“Esto porque lo ganado en la defensa de los derechos durante el año pasado volvió a afectarse en la Ley de Austeridad Republicana”.

El experto explicó que, “en las cuestiones específicas como el tema del servicio médico, seguros de separación y de vida y cajas de ahorro (de los servidores públicos), debieron hacer una adición a la Ley Federal de Remuneraciones”.

“Pero en una falla legislativa tremenda crean la Ley de Austeridad Republicana para incluir estas prestaciones, lo que es parte del tema de las remuneraciones, abriendo de nueva cuenta los frentes de batalla para que los funcionarios públicos promuevan estas impugnaciones”. Éste es un primer punto de inconstitucionalidad, aseveró.

“Hay un conflicto en la técnica legislativa empleada por el Congreso, porque tenemos dos legislaciones que regulan el tema de remuneraciones, es decir, la misma Ley Federal de Remuneraciones y la Ley de Austeridad Republicana”, observó.

Para el especialista del Instituto de Investigaciones Jurídicas, estos fallos evidencian desorden en el procedimiento legislativo. Primero se promulgó la ley de remuneraciones; se impugnó la ley, por particulares a través de un amparo, o en una serie de acciones de inconstitucionalidad, y luego se reformó la promulgada y, en secuencia, vinieron nuevos amparos. En este lapso, se presenta otra iniciativa de ley, porque en la primera declaración de inconstitucionalidad de la Corte ordenaron a la Cámara de Diputados que la reformara.

Ahora, en la Cámara de Diputados hay otro proyecto de una nueva Ley Federal de Remuneraciones, que entró a discusión desde noviembre pasado, y que no puede avanzar, pues la Corte no ha resuelto el juicio de inconstitucionalidad de la primera; la de noviembre del 2018.

[email protected]