El diálogo abierto entre autoridades financieras y legisladores, a partir de la iniciativa del Senado para adicionarle a Banco de México la captación de efectivo en moneda extranjera, tendría que comenzar por identificar el riesgo real de tomar los dólares que no pueden repatriarse a Estados Unidos, advirtió Eduardo Gómez Alcalá, líder de la práctica regulatoria en PwC.

“Es positivo que se pretenda otorgar seguridad y certeza jurídica a quien recibe las remesas, al portador de las mismas; al prestador de servicios en las actividades del turismo, a todos los participantes de la operación que involucra el manejo de dólares que pasan por el sistema financiero. Pero no parece haber una sola solución para todos”, refirió.

Entrevistado por El Economista, explica que parte del problema que busca resolverse con la iniciativa, se inscribe en la responsabilidad de la banca corresponsal en México y el extranjero.

Y refiere que los países que participan en el Comité de Basilea, como México, así como los que forman parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), como también México, están estudiando desde hace años las actividades de corresponsalía de la banca mundial.

El experto explicó que entre las más de 40 recomendaciones emitidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que es el órgano supranacional al que pertenece México desde hace más de dos décadas, la número 13 está dedicada a la banca corresponsal y todos los miembros deben acatarlas.

La citada recomendación dicta que la banca corresponsal transfronteriza y otras relaciones similares deben ejecutar medidas de diligencia del cliente, de modo tal que reúnan información suficiente sobre la institución representada que permita comprender la naturaleza de los negocios del receptor y que entienda claramente las respectivas responsabilidades de cada institución.

De manera que el diálogo convocado en México, podría extenderse también hacia los demás países con quienes tenemos algún acuerdo previo, subrayó.

Cooperación transfronteriza

Ante la serie de acuerdos que tiene México en el marco de GAFI y del Comité de Basilea, Gómez Alcalá supone que tendría que impulsarse una cooperación transfronteriza.

Cooperación que no necesariamente desembocaría en una regulación, pues podría arreglar un problema de ejecución, que fortalezca la seguridad jurídica sin perjudicar la operación financiera.

Y este diálogo transfronterizo debería enmarcarse en los acuerdos previos.

Así, podrían identificar si se tiene que realizar algún cambio que amerite un tema legal, pero primero tratando de identificar el riesgo a nivel local. Y luego si hay un modelo de exitoso contra lavado de dinero

Identificar el riesgo

El experto en práctica regulatoria de la consultoría explicó que sería pertinente primero, aprovechar que se ha abierto el diálogo entre legisladores y autoridades financieras locales, para identificar el riesgo.

Luego, en un segundo paso, sería recomendable buscar los mecanismos para promover la seguridad jurídica de quien recibe los dólares, de quien trae la remesa y del sistema financiero donde llega, comentó.

En un tercer paso, propone buscar las acciones que limitarán la vulnerabilidad identificada, lo que tendría que evidenciar si amerita un cambio de ciertas leyes, que no sea solo la de Banco de México, o si se requieren modificar disposiciones, oficios o mecanismos de control, advirtió.

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