El paquete de medidas fiscales anunciadas a nivel federal en México que identifica el Fondo Monetario Internacional (FMI) para enfrentar la emergencia por el Covid-19 asciende a 180,000 millones de pesos, que equivalen a 0.7% del PIB.

Estos recursos forman parte del fondo de emergencia de salud creado por decisión del Congreso de México y otras medidas no cuantificadas, como garantizar los recursos suficientes para material médico y equipamiento, el pago anticipado de pensiones para adultos mayores y la aceleración del gasto público para garantizar la ejecución del presupuesto público.

Al interior del radar de políticas de respuesta al Covid-19 que recabó el FMI entre 190 países se observa que los países aplican diversas estrategias para proteger a los trabajadores y empresarios del choque que representa el súbito paro de actividades productivas para limitar los contagios.

Así, destacan, por ejemplo, los casos de economías avanzadas como Canadá, Alemania, Francia y Estados Unidos, que otorgan paquetes de ayuda en efectivo de manera directa a las familias, sin distinción alguna de nivel socioeconómico, además del diferimiento de pagos de impuestos y hasta de pago de servicios públicos. En México, el apoyo en efectivo se realiza en cambio a grupos seleccionados, como los adultos mayores de 60 años, y supone adelantarles tres meses el apoyo económico habitual.

Al extender la revisión hacia otros países del mismo nivel de desarrollo que México en América Latina, los emergentes de la región como Costa Rica, Chile o Colombia, se observa que en la economía gobernada por el costarricense Carlos Alvarado están aplicando un paquete de medidas para proteger a los trabajadores y empresas contra los efectos del Covid-19, que incluyen una moratoria de pagos de impuestos, diferimiento de aportaciones de seguridad social y la suspensión de aumentos salariales a funcionarios del sector público para redirigirla a los servicios de salud. En México,el FMI no identifica en su radar ninguna medida de apoyo tributario.

Reacción de gobiernos locales

Las medidas de distanciamiento social que aplicaron algunas entidades del país como Jalisco, Yucatán y Coahuila desde el 22 de marzo, así como las restricciones de viajes y declaraciones de emergencia de los estados y municipios, están a la cabeza de las disposiciones que muestra para México el rastreador de planes de emergencia recabado por el FMI entre 190 países.

En la revisión de estos paquetes de medidas que muestra el organismo, se observa que mientras otros países tienen en la cabeza de las provisiones las aplicadas a nivel nacional, como es el caso de  Chile, Argentina, o Colombia y los centroamericanos, para el caso mexicano son destacadas las de gobiernos estatales.

El radar de políticas resume las respuestas económicas clave que los gobiernos están tomando para limitar el impacto humano y económico de la pandemia del coronavirus.

El fondo acota que este rastreador no está destinado a la comparación entre los miembros, ya que las respuestas varían según la naturaleza del shock y las circunstancias específicas de cada país.

Salen capitales extranjeros

En otro documento, el FMI estimó que en marzo los inversionistas internacionales deshicieron posiciones en México por 4,600 millones de dólares, una cifra que representa 0.4% del PIB del 2019.

Evidencia que el riesgo que pagan títulos soberanos a 10 años pegó un brinco de 141 puntos, donde estaban al arranque del mes, a 404 puntos base, al corte del 24 de marzo. Mientras, el riesgo para Pemex pasó de 414 puntos base a 1,117 puntos. Estos movimientos, detalla el organismo en su rastreador, motivaron una depreciación del peso mexicano de 24% al corte del 24 de marzo del 2020.

Estas salidas de capital de México motivaron intervenciones y un paquete de acciones de tipo monetario que aplicó el Banxico en conjunto con la Secretaría de Hacienda, para tratar de ordenar los movimientos que están documentados por el FMI.

 

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kg