Para el 2020, el polémico ramo 23 de Provisiones Salariales y Económicas, mejor conocido como la caja negra del presupuesto, tendrá recursos asignados por 131,300 millones de pesos, lo que significará un incremento de 12.2%, en términos reales y respecto al presupuesto que se le aprobó en el 2019.

De acuerdo con datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF), para el próximo año, el ramo 23 se integrará por seis fondos, los mismos que se registraron en este año y a los cuales se destinarán 16,419 millones de pesos, un incremento anual de 14.1 por ciento.

Este aumento se deberá principalmente a que el Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos percibirá 6,850.3 millones de pesos, esto es 46.9% más respecto al gasto que se le aprobó en el 2019.

Mientras que el Fondo de Desastres Naturales tendrá un presupuesto por 3,800 millones de pesos, un incremento de 0.7%, y el Fondo para la Prevención de Desastres Naturales contará con recursos por 200 millones de pesos, 6.7% más que el presupuesto aprobado para este año.

Los fondos como el regional tendrán recursos por 1,869 millones de pesos; mientras que el Metropolitano contará con 3,300 millones de pesos, y el de Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad tendrá 400 millones de pesos.

Dichos fondos tendrán una reducción real de 3.5%, cada uno, respecto al presupuesto que se les aprobó en el 2019.

Para deflactar las cifras, se utilizó una inflación de 4.5% para este año y de 3.5% para el 2020, niveles estimados en los Criterios Generales de Política Económica 2020.

Estados y municipios abusaron del Ramo 23

El presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, aseguró que si bien el ramo 23 no ha desaparecido por completo como se propuso en la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador, ya no se hará la práctica del moche, es decir, repartir los recursos a los estados de manera discrecional a través de este ramo que carece de regulación.

Indicó que el abuso del ramo 23 provocó que los estados y municipios dejaran de preocuparse por generar sus propios ingresos y se acostumbraron a recibir recursos de la federación.

“Era vergonzoso el uso de estos recursos; mientras aumentaban las transferencias discrecionales a través del ramo 23, se reducía irresponsablemente la obligación de los gobiernos locales para recaudar más. El ramo 23 fue uno de los grandes incentivos más perversos para el financiamiento de las entidades federativas”.

Ramírez Cuéllar indicó que “mientras Morena siga siendo mayoría en el Congreso, no se tendrá la práctica del moche”.

En su momento, Mario Delgado, coordinador de Morena en la Cámara Baja, comentó que el gran reto del Paquete Económico 2019 sería acabar con los llamados moches y con los proyectos que no tenían alguna planeación, por lo que se propuso eliminar el ramo 23, sin embargo, no se eliminó.

Para el 2019, al ramo 23 se le aprobó un presupuesto de 117,065 millones de pesos, una reducción de 30.9%, en términos reales y respecto a lo presupuestado en el 2018.

En este contexto, Fernando Galindo, secretario de la Comisión de Presupuesto, consideró que el ramo 23 ayuda a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a administrar economías, subejercicios y ampliaciones presupuestarias.

“Una administración pública no puede vivir sin el ramo 23 (...) se ha satanizado este ramo. El ramo 23 también es de control presupuestario, ahí se registran los recursos adicionales que se perciben (como el remanente de operación del Banxico), y luego se destinan al pago de deuda como establece la ley”.

Requiere un marco legal

Mariana Campos, coordinadora del programa de gasto público y rendición de cuentas de México Evalúa, comentó que, en vez de eliminar el ramo 23, se debería crear un marco legal como lo tiene el ramo 28 de Participaciones a entidades federativas y municipios o el Ramo 33 de Aportaciones a entidades federativas.

“Si se diseñara correctamente y se incorporara como una parte de la Ley de Coordinación Fiscal, podría tener una mejor efectividad; con este acuerdo, los recursos se entregan con base en el número de habitantes (...) necesitamos tener un instrumento con más bisturíes”.

Indicó que el área donde más atención legal se requiere es en los convenios que se entregan a los estados y municipios. “Los convenios se deben entregar con base en un marco legal y gobernanza”.

En su momento, Ricardo Alvarado, politólogo del Centro de Investigación y Docencia Económicas e investigador de Mexicanos contra la Corrupción, explicó que si bien se eliminaron algunos fondos que eran poco transparentes como el Fondo para el Fortalecimiento Financiero, uno de los problemas que persiste es que la Secretaría de Hacienda continúa asignando recursos sin que pasen por un proceso de discusión en la Cámara de Diputados.

“El problema es justo ése, a diciembre del 2018 habían matado casi todos los fondos y de repente resurgió el Fondo de Capitalidad por decisión de la SHCP y de nadie más, ya tiene metidos 2,500 millones de pesos que le van a inyectar únicamente al gobierno de la CDMX para que gaste en lo que quiera”.