Roma.- El primer ministro italiano, Mario Monti, dijo que los sindicatos y los empleadores habían dado su apoyo a buena parte de los planes del Gobierno para reformar las leyes laborales, pero que la mayor fuerza sindical, el grupo CGIL, había rechazado la propuesta que suaviza las restricciones para despedir personal.

En declaraciones a la prensa tras una reunión de tres horas con líderes sindicales, Monti dijo que había obtenido un "amplio y generalizado respaldo", aunque reconoció que en lo relativo a la propuesta más polémica del plan, que es suavizar las restricciones para el despido, el sindicato de izquierda CGIL "dio una opinión negativa".

El resto de los sindicatos apoyaron la propuesta para facilitar el despido de personal, sostuvo Monti.

Pese a la oposición del sindicato CGIL, el primer ministro dijo que la ministra de Trabajo, Elsa Fornero, trabajará durante los próximos dos días para ajustar los detalles, de manera que el Gobierno pueda presentar el proyecto al Parlamento.

El Gobierno volverá a reunirse con los sindicatos y con los grupos de empleadores el jueves, según anticipó un dirigente sindical.

Las actuales protecciones legales de los trabajadores italianos se remontan a la década de 1970, cuando el poder de los gremios estaba en su apogeo.

Las reglas, que impiden que los empleados de grandes compañías sean despedidos, son ferozmente defendidas por los sindicatos, pero el Gobierno cree que han contribuido a unas tasas de empleo crónicamente bajas y a mantener el crecimiento económico en niveles mínimos.

Un acuerdo en el tema de la reforma laboral impulsaría la confianza en la capacidad de Monti de avanzar con el tipo de cambios profundos que se necesitan para restaurar el crecimiento y reducir la pesada deuda pública.

El Gobierno busca llegar a un acuerdo para el final de la semana. Monti y Fornero se han comprometido a desafiar a los sindicatos y a presentar las reformas en el Parlamento si no logran un consenso.

Monti, que cumplió 69 años el lunes, ya ha sido aclamado dentro y fuera del país por adoptar medidas que su predecesor, el multimillonario Silvio Berlusconi, sólo había ofrecido.

Encabezando un Gobierno de tecnócratas instalado con el visto bueno de la Unión Europea -y los acreedores italianos-, Monti ya ha forzado un paquete de austeridad de 33.000 millones de euros para tratar de detener el deterioro de las finanzas públicas.

Un fracaso en persuadir a los líderes sindicales, que temen haber cedido ya demasiado en un ambiente de emergencia nacional, podría suponer la llegada de huelgas y problemas en el seno de la coalición gobernante, compuesta por miembros de todo el espectro parlamentario.

La disputa entre el Gobierno y los sindicatos se ha centrado en el artículo 18 de la ley laboral, una disposición que dificulta el despido de trabajadores en compañías con más de 15 empleados excepto en caso de mala conducta.

Monti ha concedido que las reglas no cambiarán para los trabajadores que ya están empleados, pero quiere crear un sistema diferente para las nuevas contrataciones.

Las tres principales confederaciones, que representan una parte sustancial de los 12 millones de italianos afiliados a algún sindicato, están divididas. La CGIL ha adoptado la postura más intransigente, a diferencia de las más moderadas CSIL y UIL.

apr