El contrabando se ha convertido en una de las modalidades de crimen organizado que más genera dinero en el mundo, pues sólo en América Latina el comercio ilegal mueve recursos por un total de 210,000 millones de dólares por año, lo que equivale a 2.0% del Producto Interno Bruto (PIB) de la región.

Así lo señaló la Asociación Latinoamericana Anti-contrabando (ALAC), la cual destacó que productos como cigarrillos, indumentaria, fármacos, anteojos, software, combustibles y productos de higiene (perfumes y cosméticos), se ubican entre los artículos más contrabandeados en la región.

A ellos le siguen audiovisuales, pesticidas, zapatos deportivos, videojuegos, relojes y juguetes, entre otros.

En el marco del quinto Encuentro de la ALAC, que se lleva a cabo en San José, Costa Rica, el fiscal regional de Tarapacá del Ministerio Público de Chile, Raúl Arancibia, refirió en un comunicado que actualmente el contrabando de cigarrillos tiene ganancias tan importantes como el tráfico de drogas.

“Nosotros como ente persecutor le asignamos la máxima importancia al contrabando de cigarrillos porque, además de la pérdida tributaria y del comercio, se ha transformado en una fuente donde el crimen organizado está detrás de eso”.

De acuerdo con la alianza, en Panamá, de las ventas totales de cigarrillos, 70% corresponde al contrabando; Brasil lo secunda con 54%; le sigue Guatemala con 32%, El Salvador con 30%; Colombia y Honduras con 25%, cada uno; y Chile con 22 por ciento.

En tanto que Costa Rica reporta 18%; México 16%; Venezuela 15%; y Argentina y Perú 14%, en cada caso.

De acuerdo con los participantes en el encuentro, los datos actuales sobre contrabando en América Latina son “desoladores” y alertaron sobre altos índices de falsificación de productos en la región y de una fuerte erosión sobre la recaudación de tributos debido a estos delitos en toda la región.

La Asociación Latinoamericana Anti-contrabando fue creada en el 2016 por iniciativa de la Asociación de Industriales de Colombia (ANDI), que con apoyo del sector público y privado busca minimizar las acciones del contrabando, al generar mayor formalidad y menor competencia desleal en la región.