El ex director general de supervisión del Banco de España, Mariano Herrera, afirmó que la inspección del Banco de España "veía desde el 2009" el "riesgo" en los activos inmobiliarios del Banco Popular, por lo que le "solicitó" que tomase medidas.

En la comisión del Congreso que investiga la crisis financiera, Herrera defendió su gestión en el cargo y la supervisión que realizó el organismo tanto del Banco Popular como de la salida a bolsa de Bankia, caso por el que dimitió hace un año tras ser investigado por la Audiencia Nacional.

Respecto a Bankia, el que también fuera director general del FROB, ha reiterado lo que declaró ante el juez Fernando Andreu, y ha confirmado que el Banco de España "aprobó, previo informe favorable" que la entidad provisionase con cargo a reservas en lugar de a cuenta de sus resultados.

También aseguró que en los informes de seguimiento que el Banco de España hizo sobre Bankia antes de su salida a bolsa "los inspectores no decían que las cuentas estaban mal" y mostraban, en concreto los realizados en el 2011, que "las provisiones existían".

Herrera defendió también el control del Banco de España sobre el Popular, puesto que el banco "hizo un esfuerzo grande" en cumplir las recomendaciones del organismo y redujo sus resultados y el pago de dividendos para cumplir los requerimientos de capital.

Esto, según Herrera, le permitió aprobar los test de estrés del 2012 y 2013, así como el del 2014 que le hizo ya el Banco Central Europeo (BCE), tras pasar a estar supervisado por el Mecanismo Único de Supervisión (MUR) -algo que se aplicaba a los bancos con un volumen de activos superior a 30,000 millones de euros-.

Respecto al proceso de resolución de la entidad, Herrera no se pronunció puesto que "ya había dejado la dirección" general de Supervisión.

“IMPROBABLE”, COMPENSAR A INVERSIONISTAS: JUR

En tanto, Elke König, presidenta de la Junta Única de Resolución (JUR), aseguró en Bruselas que ve "altamente improbable" que la publicación del último informe de valoración sobre Banco Popular obligue a la institución a compensar a los accionistas y bonistas subordinados de la entidad.

En junio del 2017, éstos perdieron toda su inversión después de que el BCE declarase el banco insolvente y la JUR ordenase la venta a Banco Santander por 1 euro.

Este informe, que está siendo elaborado por la firma Deloitte, va a determinar si los inversionistas del Popular habrían salido mejor parados en el caso de que el banco se hubiese liquidado siguiendo la normativa española de un concurso de acreedores.

Previamente, Dominique Laboureix, director de planes y decisiones de resolución de la JUR; ha asegurado que la publicación del informe ya no es una cuestión de "un año" sino de "meses o semanas".

En caso de que el informe concluyese que los inversionistas habrían recibido una compensación mayor en caso de liquidación ordinaria, el Fondo Único de Resolución (que actualmente cuenta con más de 15,000 millones de euros) tendría que resarcirles.

Köing y Laboureix hicieron estas declaraciones en un desayuno con los medios de comunicación celebrado en Bruselas.