Buscar
EconoHábitat

Lectura 3:00 min

Juicios "irregulares" en el Infonavit: 249,000 personas perdieron su vivienda por estos procesos

Se estima que el organismo desembolsó más de 29,000 millones de pesos por pago a despachos que iniciaron estos procedimientos

Octavio Romero Oropeza, director general del Infonavit, en su participación en la conferencia matutina en Palacio Nacional.

Octavio Romero Oropeza, director general del Infonavit, en su participación en la conferencia matutina en Palacio Nacional.Foto: Especial

En pleno debate por la iniciativa de reforma a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), el director general de este organismo, Octavio Romero Oropeza, dio a conocer más casos de corrupción al interior de dicha institución y que tienen que ver con los juicios masivos irregulares detectados desde la pasada administración y que despojaron a 249,000 personas de la propiedad de su hogar.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, el director general del Infonavit explicó que, en esta mecánica, se detectó el pago de 29,000 millones de pesos a despachos que fueron contratados por el organismo y que realizaron procesos irregulares como demandar a los derechohabientes en regiones que no correspondían, con el fin de fallar en contra de ellos y así, vía la decisión de un juez, pudieran quitarles su propiedad.

"En lugar de buscar la solución a esa cartera vencida que evidentemente, era derivada de un cobro excesivo o más allá de lo racional y de lo legal, lo que se les ocurrió fue hacer demandas por el hecho de que no podían pagar esos derechohabientes...Todo esto es una red de corrupción que tenía como objetivo que el derechohabiente no se enterara que estaba siendo demandado", explicó Romero Oropeza.

De acuerdo con los datos presentados por el director del Infonavit, desde el 2012 la administración del organismo comenzó con la estrategia de juicios masivos irregulares, los cuales tenían las siguientes características:

  • No se notificó a los acreditados que habían sido demandados. 
  • Se incluyeron acreditados que no tenían problemas de pago de su crédito. 
  • Por ejemplo, un acreditado que había adquirido su vivienda en el Estado de México, era demandado en Coahuila, lo que se vulneró su derecho a defenderse.

En este escenario, el Infonavit encontró 373,812 juicios con estas características de los cuales 80% correspondieron a demandas radicadas en otros estados. Así, las entidades con más juicios irregulares fueron:

  • Coahuila
  • Jalisco
  • Nayarit
  • Baja California
  • Ciudad de México
  • Morelos

De las 249,000 personas que perdieron su propiedad por esos juicios irregulares, 207,000 casas no han podido ser escrituradas a favor del Infonavit por irregularidades del proceso y 42,000 fueron vendidas por el organismo mediante su mecanismo de subastas masivas.

Continuaron afectaciones

Romero Oropeza apuntó que, pese a la decisión del gobierno anterior de detener los juicios masivos, este esquema continuó, pues se detectó que nueve despachos simularon procedimientos individuales en perjuicio de 63,444 derechohabientes, de los cuales 96% correspondía a personas radicadas en otros estados. Según el funcionario, estos procesos se alcanzaron a detener para evitar el daño a las familias demandadas.

En este mecanismo, participaron nueve despachos, entre los cuales se encuentra DESNOR, S.A. de C.V, que tiene como representante legal a un Comisionado de Vigilancia del Infonavit por parte del sector empresarial.

Asimismo, se detectó la participación de otro despacho llamado Grupo ACSER, al cual se le otorgaron 103 millones de pesos por pago de demandas a trabajadores que presentaban alguna demora en sus créditos. En este proceso, el director del Infonavit señaló la participación del dirigente sindical del instituto para gestionar el desembolso realizado.

De acuerdo con el director del Infonavit, al detectarse toda esta mecánica, la presidenta instruyó resarcir el daño a los derechohabientes y continuar con las denuncias penales contra quienes resulten responsables de despachos, notarios y funcionarios de los poderes judiciales locales.

Fernando Gutiérrez es editor de EconoHábitat

Únete infórmate descubre

Suscríbete a nuestros
Newsletters

Ve a nuestros Newslettersregístrate aquí

Últimas noticias

Noticias Recomendadas

Suscríbete