El pleno de la Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley de Ciencia y Tecnología y a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Rubén Félix Hays (Panal), presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología, explicó que la enmienda elimina el impedimento que tienen los investigadores para participar en actividades que implican su vinculación en proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico en relación a terceros.

El decreto plantea lograr un cambio integral que pueda colaborar a desarrollar un ecosistema favorable de innovación, con la transparencia y objetividad necesaria, ya que resulta indudable que el desarrollo tecnológico internacional ha rebasado a México, pese a que el país cuenta con los recursos humanos y materiales esenciales para transitar por esa vía.

Alejandro Rangel Segovia (PRI), promotor de los cambios aprobados por 373 votos y 18 abstenciones, cuya minuta se envió al Senado para su eventual ratificación o modificación, explicó que el objetivo primordial es impulsar el desarrollo científico, tecnológico y de innovación del país al incentivar el establecimiento de instancias de gestión para transferencia tecnológica y vinculación en todas las instituciones con actividades de investigación y desarrollo.

Se incluyó, dentro del supuesto jurídico contenido en los artículos 40 Bis y 51 de la citada ley, a investigadores de centros públicos de investigación, instituciones de educación superior y aquellas entidades y organismos de la administración pública federal que, de acuerdo a su instrumento de creación, tengan como objeto predominante la realización de actividades de investigación, desarrollo tecnológico o innovación.

La creación de empresas de base científica y tecnológica, cita el decreto, es una necesidad apremiante.

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