Este lunes en el Diario Oficial de la Federación (DOF) se publicó el Programa Institucional 2020-2024 del Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine) que, con base en el Anuario Estadístico del Cine Mexicano 2019, pone en contexto la situación de producción y acceso al cine mexicano y reconoce las “desigualdades y contradicciones” de la industria.

Reconoce, por ejemplo, que de los 216 largometrajes realizados el año pasado el 49% contó con recursos públicos y generó más de 30,000 puestos de trabajo, por lo que, es posible leer: “sin los apoyos del gobierno federal para incentivar la creación cinematográfica la producción sufriría un retroceso en cuanto al número y la calidad de las películas en general así como al crecimiento de una industria que genera oportunidades de empleo y desarrollo en México”.

Lo anterior, de manera paradójica, se da en el contexto de la votación por la derogación de disposiciones en distintas leyes, entre ellas, la Ley Federal de Cinematografía en sus artículos 33 al 38 que dan marco legal al Fondo de Inversión y Estímulos al Cine (Fidecine), uno de los instrumentos de apoyo a la industria que, a decir de la comunidad cinematográfica, ha demostrado fiabilidad más allá de la opacidad que acusan los poderes Legislativo y Ejecutivo y que ha servido de justificación para la votación en favor de su extinción.

El Programa Institucional, además, reconoce e identifica contradicciones y desigualdades en materia del acceso a la cinematografía, como es el caso de la centralización de la producción cinematográfica nacional y el impedimento del desarrollo de la diversidad cultural en todo el territorio. El documento indica que de los 216 largometrajes producidos en 2019, 43% tuvo locación en la Ciudad de México, mientras que en entidades como Colima, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala y Baja California Sur solamente se filmó una cinta.

También reconoce otras desigualdades históricas en la industria, como es el caso de la equidad de género y la producción fílmica desde las comunidades indígenas:

“La limitada producción cinematográfica impacta negativamente en la inclusión de diversas voces del país como las mujeres, los indígenas y las personas con alguna discapacidad entre otras. Tan solo en 2019 se contabilizaron 44 películas dirigidas por mujeres correspondientes al 20% del total. En cuanto a obras de los pueblos y comunidades indígenas se registraron 14 largometrajes equivalentes al 6.48 por ciento”.

Como parte de los tres objetivos prioritarios del programa, el Imcine se propone incentivar la creación cinematográfica y audiovisual en todas las regiones del país; garantizar el derecho a las audiencias en todo el territorio para el acceso al cine y el audiovisual con esquemas de difusión y exhibición incluyentes; y fortalecer el desarrollo de la industria con especial atención en los pueblos indígenas y afromexicanos.

ricardo.quiroga@eleconomista.mx