Daños a los legajos de información, contradicción y violación a la ley acusaron historiadores en conferencia de prensa, luego de que el Archivo General de la Nación (AGN) restringiera el contenido de los fondos de la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales (IPS) y la Dirección Federal de Seguridad (DFS) y pidiera al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) su intervención para dar libre acceso mediante solicitudes en Infomex, ya que calificaron esta medida como innecesaria.

Ya que en el artículo 11 de la Ley General de Archivos (LGA) vigente se establece que se deberán conservar y preservar los archivos relativos a violaciones de derechos humanos, así como respetar y garantizar el acceso con las disposiciones legales en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales, “siempre que no hayan sido declarados como históricos, en cuyo caso, su consulta será irrestricta”, según dicta la ley.

“Trasladan la responsabilidad basando su argumento en una interpretación sesgada de la ley, en lo que se refiere a la protección de datos personales, y se deslindan de la obligación que les corresponde de garantizar que la consulta sea abierta y sin restricciones”, pronunciaron los afectados, ya que los fondos documentales que ahora permanecen censurados eran de libre acceso en el AGN por lo menos desde 1982, en el caso del IPS, cuando llegaron a su resguardo, y desde 2002 para el DFS por decreto del presidente en turno Vicente Fox Quesada.

Según el artículo 36 de dicha ley también estipula que los documentos contenidos en los archivos históricos son fuentes de acceso público y “no podrá clasificarse como reservada aquella información que esté relacionada con violaciones graves o delitos de lesa humanidad”, como es el caso de la información contenida en más de 3, 000 versiones públicas de estos dos fondos que se hicieron sólo del 2015 al 2018 y de las cuales sólo quedan actualmente para consulta 455 versiones de sucesos en fechas correspondientes a 1925 hasta 1949, haciendo falta todo el periodo que va de 1950 a 1985.

Sin embargo, en el segundo párrafo del mismo artículo se menciona que aquellos documentos que contengan datos personales sensibles de los cuales se haya determinado su conservación permanente por tener valor histórico, conservarán tal carácter en el archivo de concentración por un plazo de 70 años, a partir de la fecha de la creación del documento, y serán de acceso restringido durante dicho plazo.

“Consideramos que la petición que hizo el AGN al Inai para emitir una declaratoria de interés público respecto a la documentación generada por las extintas instituciones de inteligencia del Estado mexicano, no sólo es innecesaria, sino que puede ser interpretada como una maniobra para eludir las responsabilidades del AGN como rector de las políticas archivísticas nacionales”, firmaron más de 200 profesionales de diversas instituciones académicas que se dedican a la investigación histórica en México.

“Lo que está sucediendo en el AGN marca la pauta de lo que va a ocurrir en todos los archivos de este país, lo que nos preocupa es la intención de cerrar y después verlo repetido en todos lados”, dijo al micrófono la historiadora Elisa Servín de la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Destrozan expedientes para restringir información

En conferencia de prensa el historiador César Enrique Valdez Chávez y profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM dijo que la experiencia de búsqueda en las instalaciones del AGN en el ex Palacio de Lecumberri luego del aviso publicado el 6 de enero del 2020 es deficiente y tardada, alertó que en ocasiones se destrozan los expedientes por contener información de los años 50 en adelante.

“Los legajos llegan a tener 700 fojas cocidas y regularmente la foja de hasta arriba es del año de 1930 y la foja de abajo es de 1975, para que a nosotros nos puedan prestar la parte que ellos permiten se tiene que romper el legajo o expediente. La mayor parte de las copias de estos archivos están hechas en papel cebolla, lo que implica afectar y desordenar la mayor parte de los documentos, esto por decir las cuestiones más sencillas del trabajo archivístico”, señaló Valdez Chávez.

Los profesionales también mostraron inconformidad al percatarse que las versiones públicas ahora tienen costo, argumentando que este representa un impedimento para la comprensión de la información y debido a los recientes hechos hicieron un exhorto al presidente Andrés Manuel López Obrardor, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el director general del Archivo General de la Nación, Carlos Enrique Ruiz Abreu, de ser más transparentes con el trabajo archivístico publicando la convocatoria para la instalación del Consejo Técnico y Científico Archivístico, previsto en la legislación.

Además de que se presente públicamente un informe de los fondos documentales que han llegado desde el 28 de febrero de 2019 y que se dé cuenta detallada de los procesos a los que están siendo sometidos los fondos DFS e IPS, el proyecto y quién es el personal responsable, para tal fin también lanzaron una petición en el canal change.org “El AGN debe asumir su responsabilidad para abrir los archivos históricos".

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kg