El jurista mexicano Diego Valadés asegura que cuando la crisis sanitaria haya quedado atrás, nos quedaremos con la crisis institucional, “y el problema es que nosotros ya nos habituamos a consentir que las autoridades ignoren la Constitución, hagan la suya propia y determinen con sus recursos exclusivos cuáles son las reglas que ellos están dándose a sí mismos”.

Durante el ciclo de Viernes viral y en el marco de las conclusiones de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2020, El Colegio Nacional presentó la mesa “Las pandemias del 2020: Covid-19 y crisis constitucionales”, en ella, el ex ministro de la Suprema Corte, dijo que las medidas aplicadas hasta ahora para la pandemia eran las adecuadas, “lo han sido en buena parte, pero no el procedimiento que se siguió”.

Explicó que acciones como que se prohibían las reuniones, se limitara el libre tránsito, se estableciera confinamiento para todos los mexicanos y se afectara el derecho al trabajo, fueron una clara ruptura o violación de la constitución pues se limitaron derechos fundamentales de las personas sin seguir el procedimiento constitucional. Otros ejemplos fue importar libremente, sin trámites de carácter aduanal y sin ninguna licitación pública.

Aunque estas parecen acciones casi lógicas, Valadés explica: “Ustedes dirán y con toda la razón, eso había que hacerlo, limitar las reuniones, las actividades productivas y comerciales justo para evitar la diseminación del virus, pero se pudo haber realizado de acuerdo con el derecho y no en contra de lo que éste establece.”

Dijo que si no tuviéramos normas que regulan esos estados de emergencia, habría que haberlas inventado en ese momento, pero “el Estado mexicano es sólido, serio, con una gran tradición constitucional”.

Agregó que el que sólo un miembro del gabinete (el secretario de Salud ) determinara que no debían reunirse los congresos y el cierre de los tribunales de justicia en el país, es uno de los elementos por los cuales se habla de una crisis institucional en México.

Otras de las facultades con las que se dotó al titular de la Secretaría de Salud, fue la autorización de compra de medicamentos que tiene que ver con la administración de los recursos federales y que por ley corresponde al secretario de Hacienda. “Esto nos indica que tenemos un problema institucional muy severo en el país, que se traduce en el desdén con relación al orden constitucional, el orden constitucional en México se ha hecho prescindible.”

En palabras del colegiado, lo anterior no es nuevo y corresponde a la naturaleza de un sistema presidencial atrofiado que no ha sido actualizado de acuerdo con los estándares de una democracia constitucional. Y concluyó que hay temas pendientes que han salido a la luz a través de esta crisis sanitaria, como la confiabilidad, el derecho a la verdad y la proscripción de la arbitrariedad. “El Estado no solamente debe actuar conforme a la ley, sino que además debe aplicar la ley de una manera razonable y coherente”.

En el caso de la pandemia, “la sociedad tendría derecho a saber por qué se decidió no aumentar al mayor nivel posible la identificación de casos de contaminación con la práctica de pruebas, cuál ha sido la razón por la cual no hay una recomendación enfática del Estado, no de sus voceros, en cuanto a protegernos con cubrebocas en todos los casos, o cuál es el número exacto de personas fallecidas, porque esas decisiones deben ser documentadas en un estado constitucional”, concluyó Valadés.

nelly.toche@eleconomista.mx