El Instituto de Recursos Mundiales (WRI, por su sigla en inglés), una organización técnica global que establece vínculos entre la conservación del medio ambiente, las oportunidades económicas y el bienestar humano realizó el informe preliminar “Análisis de los impactos en las coberturas forestales y potencial de mitigación de las parcelas del programa Sembrando Vida implementadas en 2019”.

Este programa es uno de los diez prioritarios anunciados desde 2018 por el gobierno federal en beneficio de más de 400,000 campesinos en 20 estados del país y ha contado con uno de los presupuestos más altos de la historia para un programa de desarrollo rural: 15 mil millones de pesos para 2019, 27.5 mil millones en 2020, y 27 mil millones para 2021.

El informe reporta 72,830 hectáreas de pérdida de bosques en 2019 en los municipios donde se implementó el programa Sembrando Vida (SV). La pérdida se concentra en 22 municipios del país (50,981 hectáreas que representan el 70% de las pérdidas) y en regiones vulnerables al cambio climático y de gran biodiversidad de Chiapas, Tabasco, Veracruz, Yucatán, Quintana Roo y Campeche.

Con estos resultados se concluye que SV no tiene como objetivo prioritario la restauración forestal y tampoco la reforestación (técnicamente son dos actividades distintas y no deberían utilizarse como sinónimos), ya que de acuerdo con el diagnóstico y propuesta de diseño del programa “es una estrategia de productividad para zonas rurales y generación de comunidad que busca rescatar al campo y reactivar la economía local; atendiendo dos problemas centrales: la pobreza rural y la degradación ambiental”, pero el objetivo específico del programa para el 2019 fue “lograr que los sujetos agrarios con ingresos inferiores a la línea de bienestar rural, en localidades rurales, cuenten con ingresos suficientes para hacer productiva la tierra”.

La falta de acceso a información georreferenciada sobre las parcelas donde se aplica el programa evita que el análisis sea concluyente, pero sí alerta sobre que el impacto negativo que pudo tener el programa en las coberturas forestales y en el cumplimiento de las metas de mitigación de carbono del país durante su primer año de implementación, por ejemplo, la posible pérdida inicial de captura de CO2 fue de entre 5.7 y 8.9 millones de toneladas durante 2019.  Además, la organización señala que esta carencia de información “no ha permitido el monitoreo de los indicadores ambientales propuestos a la Secretaría del Bienestar”, por ello WRI México evaluó metodologías alternativas para estimar la potencial contribución del programa al cumplimiento de las metas de mitigación de gases de efecto invernadero.

La metodología de WRI

Gracias al sistema de monitoreo satelital del Global Forest Watch (GFW), WRI comparó la pérdida de bosques a nivel municipal en las localidades donde se implementó el programa en 2019, contra las pérdidas promedio de coberturas en los cinco años previos. De esta forma, se identificó una pérdida de cobertura forestal adicional a la tendencia normal durante 2019.

Es importante mencionar que el sistema de GFW no discrimina pérdida de coberturas forestales y deforestación en México ya que, para el país, la definición de deforestación implica la pérdida de coberturas y el cambio de uso de suelo (de forma legal o ilegal). Por este motivo y por la falta de acceso a las coordenadas de las parcelas del programa, el análisis de WRI México sólo establece una estimación de la pérdida de coberturas forestales, las cuales pueden implicar deforestación o simplemente un retiro de coberturas forestales en parcelas agrícolas, pecuarias o con otros usos.

De acuerdo con la WRI, el análisis no es una evaluación del programa sino un esfuerzo para monitorear algunos de los indicadores ambientales propuestos a la Secretaría del Bienestar para dar seguimiento a los avances del programa en términos de restauración de bosques, captura de carbono y recuperación de suelos, biodiversidad y agrobiodiversidad.

“Si el programa cumple con la restauración de coberturas en las 416 mil hectáreas de Sistemas Agroforestales maderables (SAF) consideradas en este análisis para los ocho estados que iniciaron el programa en 2019, y las mantiene al menos durante 30 años, se podrían capturar entre 46.8 y 50.2 millones de toneladas netas de CO2”, sostiene el Instituto de Recursos Mundiales.

nelly.toche@eleconomista.mx