En la reconstrucción de inmuebles, el INAH "aligeró" la burocracia

El 7 y 19 de septiembre pasados se cumplieron 6 años de los movimientos telúricos de 2017 que hicieron crujir  cimentaciones, estructuras y elementos arquitectónicos de miles de edificaciones en el centro y sur de México. 3,269 de ellos bajo custodia de la Secretaría de Cultura por tratarse de monumentos artísticos o históricos, que forman parte del patrimonio cultural de la nación.

La gran mayoría de estos inmuebles son templos o exconventos y, en menor número, museos, que están ligados a la vida cultural y  religiosa de los pueblos en los estados de Morelos, Oaxaca, Puebla, Guerrero, Estado de México, Chiapas, Tlaxcala y Ciudad de México.

 Desde el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), organismo en quien ha recaído la responsabilidad de reconstruir y restaurar 2,340 del total de las edificaciones siniestradas, el director general, antropólogo Diego Prieto Hernández, afirma que “ha sido una labor titánica que a veces no se sabe apreciar en su conjunto”.

 En entrevista con El Economista, Prieto Hernández indica que para enfrentar la tarea se creó el Programa Nacional de Reconstrucción de los edificios dañados, que al cierre de agosto llevaba concluidos y entregados 2,386 inmuebles, que significan un avance de 73%, con una inversión que supera los 10,000 millones de pesos.

Se le plantea el señalamiento que han hecho periodistas de Quinto Elemento Lab en la serie de reportajes titulado “Patrimonio en ruinas”, que ha venido publicando el portal de Aristegui Noticias desde el pasado 10 de septiembre; en concreto, lo relativo a la contratación de empresas improvisadas o sin experiencia en tareas de restauración y casos de abandono que acusan pobladores y especialistas, más de 600, señalan.

 “El INAH no avala empresas, autoriza proyectos”, dice de inmediato. “Y cada proyecto tiene un responsable técnico, académico, y en cada intervención que hubo, hubo proyecto”.

El director del INAH reconoce que en las tareas de reconstrucción participaron empresas con giros muy diversos, en principio, porque no hay en el país suficientes firmas especializadas en restauración de inmuebles de los siglos XVI y XVII, que son la mayoría de los afectados, pero asegura que en esos casos las empresas que intervinieron lo hicieron bajo la asesoría y supervisión de peritos autorizados por el INAH, con base en un proyecto académico; otro mecanismo, agrega, fue que también participaron peritos restauradores particulares que para poder cobrar sus honorarios tuvieron que hacerlo a través de una empresa no especializada, pero el responsable del proyecto sí es una persona profesional debidamente calificada.

“En México hay empresas que tienen giros muy amplios, pueden rentar sillas, pero también están en el ramo de la construcción, y pasa también en otros lados, en Japón hay empresas que lo mismo hacen transistores que papel de baño, pero eso no quiere decir que los trabajos se hagan a la ligera y sin supervisión, específicamente, estos que son bienes culturales de la nación”, dice.

Añade que los señalamientos a que se ha hecho referencia son aquellos proyectos de intervención pagados por la aseguradora Banorte, y en ese caso -explica- “nosotros lo tramitamos por la vía de pago en especie, es decir, poníamos en contacto a los restauradores, restauradoras o a las empresas con la aseguradora para que presentaran el proyecto y el presupuesto amparado en la conciliación previa y nosotros autorizamos el proyecto y supervisamos la ejecución; la aseguradora se encargaba de pagar, de tal manera que nosotros no teníamos nada que ver con un asunto contractual ni financiero. Eso se puede hacer porque no son recursos fiscales, no es obra pública como tal, por lo tanto, no está sujeta a la normatividad específica”.

Al respecto, se le pregunta cuánto pagó Seguros Banorte para resarcir los daños. Explica que sólo cubrió la suma relacionada con los daños ocasionados con el sismo del 7 de septiembre.  “La aseguradora no aceptó aplicar la cláusula de renovación automática que está en la póliza contratada en ese entonces, y solamente aceptaron la suma asegurada para un evento, cuando en realidad fueron dos eventos; debieron hacerse cargo en los mismos términos de los daños ocasionados por el segundo evento (19 de septiembre); sin embargo, sólo aceptaron pagar 3,500 millones de pesos, a pesar de que ya teníamos conciliados los otros 3,500; además, de manera incorrecta, incluyeron el IVA dentro de los 3,500, con lo cual nos castigaron con otros 400 millones de pesos”.

Refiere que el INAH emprendió sin éxito un litigio contra la institución bancaria. “No hemos visto avances, no ha habido empatía de los jueces, sobre todo para una tarea tan importante como es la recuperación del patrimonio histórico y arqueológico”.

El elefante reumático

El antropólogo refiere que las afectaciones de los sismos plantearon al INAH “el reto más grande de la historia en materia de reconstrucción, y evidentemente había que enfrentarlo, en medio de una pandemia que hacía todo más complicado, apegándonos a todos los recursos técnicos, normativos, legales, fiscales, financieros y administrativos a nuestro alcance, pero además con una labor de consulta y conciliación muy amplia y compleja con las comunidades y asociaciones religiosas a cargo de los templos afectados, que por un lado son lugares de culto, pero por otro son propiedad federal y patrimonio de la nación, y había que tomar en cuenta todos esos elementos para realizar la recuperación consensuada de esos inmuebles”. 

Se le inquiere sobre si la magnitud y la urgencia de la tarea propiciaron que el INAH fuera laxo a la hora de revisar si las empresas que participaron en la restauración estaban o no calificadas. 

“Yo no estaría de acuerdo en la palabra laxo, más bien al contrario, en el INAH cojeamos de otro pie, -responde-, somos más bien una institución rígida en cuanto a la aplicación de la ley y la normatividad, mucha gente dice que, si no fuera por esta característica del INAH, el patrimonio cultural de la nación ya no existiría; lo que sí tuvimos que hacer fue aligerar los procesos, sacarle la vuelta a la burocracia que, en estos casos, puede ser un dique infranqueable, un elefante reumático, como dice el presidente Andrés Manuel López Obrador”, señala.

“Por ejemplo -dice-, después del diagnóstico de los daños, había que apuntalar de inmediato los edificios que habían quedado en pie, pero amenazados por los daños estructurales que tuvieron, y eso no es un asunto menor, no nada más es ir a poner polines, tiene que haber una manera de entretejer los puntales, y en ese momento no estaban los recursos, tuvimos que conseguir quien fuera y apuntalara, con un compromiso de pago posterior, pero se fijan en la factura, en lo que dice un acta constitutiva, y no en la labor titánica de conjunto”.

Y añade: “Se alega que hay restauraciones que no gustaron, como la cúpula de un templo en Cuautla, Morelos, que dicen que quedó como un chupón de mamila; bueno, estoy pidiendo la información para ver si es un asunto de gustos o de idoneidad en la técnica de restauración. Tampoco vamos a decir que todo está perfecto, si hay señalamientos se deben atender y si hay algo que corregir, lo corregimos, pero lo que sí no acepto es la descalificación, me parece vil” -sostiene.

“No se puede denigrar o denostar a una institución que ha actuado no con toda la rapidez y eficacia del mundo pero sí responsablemente, desde el diagnóstico de los daños, su ponderación, su conciliación, la gestión de los recursos, con el seguro, con el Fonden, las acciones preventivas que se tomaron para que el patrimonio no se siguieran viendo afectado, para hacer los expedientes; detrás de cada expediente hay un trabajo muy grande para hacer que haya en cada intervención un proyecto técnico y un proyecto ejecutivo, si quieren descalificar a Diego Prieto, vamos a entrarle, pero no al instituto.”

Como caso emblemático, el director del INAH se refiere la reconstrucción del antiguo Palacio de Cortés, hoy Museo Regional de los Pueblos de Morelos, en Cuernavaca, una fortaleza virreinal de estilo renacentista, construida en la segunda década del siglo XVI, considerado el edificio novohispano más antiguo de México.

“Allí, por ejemplo, además de reconstruir el edificio, tuvimos que reconstruir la torre del reloj, que fue un elemento que se añadió posteriormente, deviene de la época porfiriana, era un elemento muy pesado que no correspondía a la fábrica original, y tuvimos una gran discusión muy compleja, (en torno a si quitar la torre o reponerla); finalmente optamos por reponerla, porque ya es parte de la historia del edificio, pero se decidió hacerla con un sistema muy aligerado, de madera dura y recubrimientos, de tal manera que la torre actual pesa la cuarta parte que la torre original, entonces ejerce menos peso y es más controlable a la hora de un sismo”.

Además, en ese inmueble el INBAL se hizo cargo de la restauración de los murales de Diego Rivera.

Aquí se abre otro frente amplio y complejo para el INAH, los bienes muebles, se calculan más de 13 mil los siniestrados por los sismos. Son las pinturas y esculturas religiosas de la época del virreinato, los retablos barrocos de los templos, los decorados arquitectónicos, el mobiliario para la liturgia, como los púlpitos; sin contar la cantidad de metros lineales de pintura mural que decoran los recintos religiosos, exconventos y sitios prehispánicos.

Diego Prieto ejemplifica con la restauración de la figura ecuestre de Santiago Apóstol, patrono de Izúcar de Matamoros, en Puebla, fabricada en pasta de caña y papel amate, y que recibió el peso de la cúpula del templo que se desplomó tras el sismo. “Nos decían que era imposible recuperarlo, porque quedó aplastado, pero los restauradores lo lograron, preservando los materiales originales, mediante un proceso muy laborioso que duró casi cinco años”.

La escultura del santo, que data de principios del siglo XVI, mide 2.60 metros de alto y pesa alrededor de 40 kilogramos; fue restaurada en los talleres del INAH y entregada a la comunidad en octubre de 2022; en cambio, su caballo no pudo restaurarse totalmente por el daño severo que se encontraba, fue necesario fabricarlo de nuevo, incorporándole algunas partes que pudieron rescatarse, como las patas y partes de la cabeza.

Diálogo con la Iglesia

Diego Prieto Hernández aborda un tema históricamente espinoso que tiene que ver con la relación del INAH con las autoridades eclesiásticas que tienen bajo su responsabilidad el cuidado de los edificios dedicados al culto religioso.

“Es importante decir que la mayoría de los edificios siniestrados son templos, por qué, yo creo que en gran medida por descuido, o por malas intervenciones en el pasado, o porque se les añadieron estructuras o elementos arquitectónicos que no se correspondían con los materiales y las técnicas constructivas originales; en algunos casos se anexaron losas o estructuras de acero a muros de adobe, por ejemplo; evidentemente estos elementos jugaron un papel de ariete en los sismos, es decir hubo un choque entre compresión y tensión que ocasionó que los materiales se comportaran de manera diferente”, provocando agrietamientos y daños estructurales en las edificaciones.

Refiere que es un asunto que se ha venido platicando con la Conferencia del Episcopado Mexicano “para hacer conciencia y asumir una actitud de corresponsabilidad. No pretendemos que se hagan cargo de todo, pero sí que lleguemos a acuerdos para evitar el daño al patrimonio.” 

Señala que aunque la ley estipula que son las asociaciones religiosas las encargadas de conservar los templos que tienen bajo su uso y cuidado,  la realidad que siempre han contado con el apoyo del Estado para su mantenimiento mayor, “siempre que solicitan recursos se les otorgan porque son bienes propiedad de la nación”, pero señala que hay muchas cosas en las que se tiene que avanzar, como en la observancia de los manuales de mantenimiento preventivo (que, dicho sea de paso, cada uno de los 2,386 inmuebles reconstruidos y entregados cuenta con uno, informa Prieto), el inventario de bienes muebles para evitar el robo y tráfico ilícito, la actualización de las comisiones de arte sacro y, agrega, “estamos proponiendo que también se hagan cargo de su aseguramiento, aunque eso aún no está aprobado.”

Finalmente, el director del INAH señala que la meta para este año es que ningún inmueble dañado en los sismos de 2017 cierre el ejercicio sin recibir algún grado de intervención, y que terminará 2023 con un avance de 95 por ciento, el resto quedará para concluirse en 2024. “Pero que no quepa duda, antes de concluir este sexenio habremos de concluir la totalidad de los trabajos de restauración, es un compromiso del presidente y de la Secretaría de Cultura”, enfatiza.

El INAH gana en el PPEF 

Para 2024, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, presentado por el Ejecutivo al Congreso, prácticamente duplica el presupuesto que otorgará el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), de aprobarse, recibirá 8,006’560,385 pesos, frente a los 4,739’228,697 pesos del 2023, es decir, un incremento de 3,274’725,666 pesos, etiquetados como Provisiones para la adquisición de terrenos en zonas arqueológicas.

Diego Prieto explica que este incremento responde a las nuevas necesidades que tendrá el INAH con la construcción y operación de 7 nuevos museos, 2 nuevas zonas arqueológicas, y la promesa que hizo el Presidente de que cuando concluyan los trabajos salvamento arqueológico en la ruta del Tren Maya,  todo el personal pasará a incorporarse al Programa de Mejoramiento de Zonas Arqueológicas (Promeza) y conservará su empleo hasta el final de su gobierno; entonces el INAH crece y crecen las necesidades de operación y mantenimiento de los sitios, áreas de visitantes y museos.

Además, para el Programa Nacional de Reconstrucción, que parcialmente ejercerá el INAH, el PPEF 2024 asigna casi 204 millones de pesos.

francisco.deanda@eleconomista.mx