Al menos 207 personas fueron asesinadas en el mundo por defender los derechos humanos, su tierra y el medio ambiente en el 2017, de acuerdo con el informe anual Global Witness ¿A qué precio?, sobre defensores de derechos humanos.

Destaca que tres de cada cinco personas defensoras asesinadas el año pasado eran latinoamericanas. En México la situación no es alentadora; pasamos de tres personas en el 2016 a 15 en el 2017, sólo detrás de Colombia (24), Filipinas (48) y Brasil (57). De éstas, 13 mexicanos pertenecían a comunidades indígenas que defendían sus territorios ancestrales. Las principales causas de defensoría son por proyectos o megaproyectos mineros, de agronegocios, proyectos energéticos, hoteles de lujo y otros que abordan la caza furtiva y la tala ilegal.

Un ejemplo es la Sierra Tarahumara, donde la interacción de una presencia fuerte del crimen organizado, la militarización de la zona y la falta de protección por parte de las autoridades ha generado procesos de reclutamiento forzado y desplazamiento interno. Integrantes de la Alianza Sierra Madre AC han tenido que salir del territorio, lo que ha impactado de forma negativa en la realización de su labor en defensa de los derechos humanos de las comunidades en el lugar.

Melissa Ortiz, del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos, asegura que si bien las cifras que se presentan desde el Global Witness están basadas en registros de organizaciones civiles y fuentes de información públicas, esto no significa que sean “las” cifras, pues esto es a partir de los casos de los que se puede tener conocimiento, “pero hay muchos casos que no se registran y que sabemos que están, esto habla de altos niveles de impunidad y corrupción que evitan las denuncias”.

Aunque México es de los pocos países con una legislación y mecanismos específicos para proteger a defensores de derechos humanos, en la práctica no funciona. “No hay una respuesta estructural ni integral por parte del Estado mexicano para atender esta situación, ya que las agresiones y asesinatos no paran”, denunció Alejandra Leyva, de CEMDA Espacio OSC, (Espacio de Organizaciones Civiles para la Protección de Personas de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas).

Desde CEMDA se ha registrado que del periodo de julio del 2016 a diciembre del 2017, se registraron 88 ataques y agresiones, siendo los estados de México, Oaxaca, Puebla, Chiapas y Sonora los lugares con mayor incidencia. Otro dato destacable es que el Estado mexicano continúa siendo señalado como el principal agresor contra las personas defensoras de los derechos humanos y ambientales, “pues la mayoría de los ataques fueron cometidos por autoridades de los tres niveles de gobierno”.

Aseguraron que la protección integral sigue siendo una deuda del Estado. Se necesita una política gubernamental integral para complementar la Ley existente que, en lugar de estigmatizar a las personas defensoras, fomente una cultura que reconozca su labor, combata la impunidad y garantice la voluntad política para abordar el problema de forma estructural. “Esto, a pesar de que existieron varias mesas de diálogo con las autoridades responsables del funcionamiento del mecanismo federal en el pasado”.

También se identificó que el gobierno federal carece de estrategias para hacer frente a la impunidad de los delitos y agresiones, “no hay acciones eficaces para que las instituciones de procuración de justicia lleven a cabo investigaciones adecuadas y efectivas”, agregó Leyva.

Estas preocupaciones se manifestaron en el último informe Espacio OSC, La Deuda del Estado Mexicano, donde se han dado una serie de recomendaciones para responder a las principales problemáticas en materia de protección, que abarca: atacar las causas, apoyar y proteger a las personas defensoras y garantizar la rendición de cuentas.

En la presentación de este informe, se denunció que parte del problema es la falta de implementación adecuada del marco de protección internacional de derechos de los pueblos indígenas relativo a consulta y consentimiento previo, libre e informado, así como de las medidas de protección para personas defensoras, en contextos de defensa frente a la actividad empresarial.

Por ello, este grupo estará buscando un diálogo constructivo con el nuevo gobierno, a fin de aportar al desarrollo de una agenda integral de empresas y derechos humanos. También se pide que el gobierno firme y ratifique el Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales, ya que en su artículo 9 se establece la obligación de los estados a nivel regional de garantizar la protección para las personas defensoras del medio ambiente.

La presentación estuvo a cargo del Grupo Focal de Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos, colectivo que reúne a Serapaz, BHHRC, PODER, ProDESC, Cemda, Oxfam México, y que está acompañado por AIDA y PBI.

El informe es de acceso libre

nelly.toche@eleconomista.mx