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Se une presidenta de SNA a crítica de militarización
Se pronuncia por abrir al debate si esta instancia debe ampliar su campo de acción a la infiltración de las instituciones de seguridad del Estado mexicano.
La presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción, Mariclaire Acosta Urquidi, afirmó que el plan de seguridad a implementarse por la siguiente administración de Andrés Manuel López Obrador puede traer graves violaciones a derechos humanos.
“Al tocar este punto, no puedo dejar de mencionar que ciertos aspectos del Plan para la Paz y la Seguridad Pública del próximo gobierno, que ha presentado en días pasados, ha levantado críticas y suspicacias entre las organizaciones defensoras de derechos humanos y expertos en seguridad a las cuales yo me sumo.
“Porque existe el temor fundado por una gran cantidad de recomendaciones de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, de que la militarización permanente de la seguridad pública conlleve el riesgo de frecuentes violaciones graves a los derechos humanos, y lejos de disminuir la violencia causada por la corrupción, la incremente”, expuso.
Acosta Urquidi manifestó, en el marco del evento de cierre de los foros regionales para construir una Política Nacional Anticorrupción, que uno de los rubros en los que se basará ésta es la manera de combatir al cohecho al interior de las instituciones encargadas de la seguridad pública.
En este sentido, señaló que se debe abrir el debate sobre si el Sistema Nacional Anticorrupción abordaría o no los casos de corrupción que se puedan dar en materia de seguridad pública.
“Tal vez ha llegado la hora de abordar la seguridad como parte de la corrupción en México; tal vez tengamos que abrir nuestro abanico de temas y considerar que la corrupción existe mucho más allá del desvío de fondos públicos que maneja el Estado.
“Creo que debemos discutirlo porque así lo pide la sociedad, debemos discutir si ampliar el Sistema Nacional Anticorrupción para incluir en este combate, en esta coordinación de esfuerzos, el tema de la infiltración de las instituciones de seguridad del Estado”.
Impunidad, factor central
En el evento, el próximo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, enfatizó que uno de los retos más grandes que se enfrentarán en la siguiente administración es erradicar la impunidad que persiste, en especial en materia de recuperación de recursos obtenidos mediante actos de cohecho.
En esta materia, Nieto Castillo indicó que entre enero y hasta septiembre pasado la Unidad de Asuntos Financieros de la Procuraduría General de la República recuperó sólo 264,000 pesos por lavado de dinero.
“(Unos) 135,000 dólares, 10 euros, aseguró nueve vehículos, hizo un cateo, tiene cero condenatorios en juicio oral, seis personas vinculadas y el dato que es particularmente más alarmante tiene que ver con que solamente se desarrolló un operativo por parte de esta unidad de Asuntos Financieros”, indicó.
Asimismo, el próximo funcionario federal enfatizó que en México se ocupa la prerrogativa de mantener sin divulgar una investigación para no entorpecer las indagatorias como un factor para generar mayor impunidad.
Como ejemplo, dijo Nieto Castillo, está la reciente desobediencia de la Procuraduría sobre la resolución del INAI sobre hacer públicas las indagatorias del caso Odebrecht.