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Reforma administrativa puede generar regímenes de excepción, alertan abogados
Con el argumento de crear proyectos de infraestructura prioritarios y de notoria y urgente necesidad para el desarrollo social y económico de México, el Gobierno de López Obrador pretende evadir el cumplimiento del marco legal, alertan.
Imagen de las obras de construcción de la refinería Dos Bocas, en Tabasco. Foto: Archivo EE
La iniciativa de reformas en materia administrativa, enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso el 28 de marzo pasado, asegura que se pretende propiciar el fortalecimiento de la administración pública federal mediante la agrupación de entidades paraestatales; reintegración a las dependencias federales del patrimonio de estas entidades cuando hayan sido creadas injustificadamente; establecer la vigencia de la asignación de bienes muebles e inmuebles y de servicios públicos a entidades paraestatales por tiempo indefinido. Sin embargo, abogados de empresa consultados por El Economista señalan que esos cambios al marco legal podrían crear un régimen de excepción.
Concretamente mediante la iniciativa enviada al Congreso se busca ampliar las posibilidades de sectorización de las entidades paraestatales, mediante reforma a la ley orgánica de la Administración Pública Federal.
Además propone reformar la Ley federal de las Entidades Paraestatales para crear la figura de integración y reintegración con el objeto de que la Secretaría de Hacienda pueda proponer la transferencia de personal y de los recursos financieros y materiales a las dependencias de la administración pública federal de organismos descentralizados, fideicomisos o empresas paraestatales, que según la iniciativa “se crearon para suplir funciones que en realidad eran inherentes a la administración pública centralizada.
También plantea la recuperación de inmuebles por la vía administrativa; incorporar el “principio de confianza en el sector público” para llevar a cabo obras y servicios; la asignación por tiempo indefinido para la prestación de servicios públicos a entidades paraestatales y la posibilidad de otorgar pagos anticipados superiores a 50% en la adquisición de equipos médicos; para seguridad nacional o seguridad pública, así como maquinaria para el desarrollo y mantenimiento de infraestructura.
Al respecto, el abogado Antonio García Durán, llama la atención en que se pretenden ampliar los márgenes para el otorgamiento de anticipos, pero sin establecer un tope máximo. “Eso sí se me hace preocupante”.
Recuerda que actualmente es en esos rubros en donde se presentan irregularidades en el gasto. Además, se hace discrecional la forma en que se entregarán los anticipos.
Asimismo, destaca que la iniciativa pretende hacer cambios a la Ley de Obras Públicas para exentar cumplir con la obtención de licencias para el inicio de trabajos, lo cual es grave, como ocurrió con el inicio del nuevo aeropuerto para la Ciudad de México y el Tren Maya, donde arrancaron los trabajos sin contar con las manifestaciones de impacto ambiental, por ejemplo.
Remarca que el argumento que señala la iniciativa es que eso aplicaría cuando haya notoria y evidente urgencia, por prioridad para el ejercicio de derechos sociales y desarrollo económico del país, lo cual es muy subjetivo.
El bufete de abogados Holland & Knight destaca que se podría crear un régimen de excepción de cumplimiento de leyes y reglamentos para proyectos de infraestructura prioritarios y de notoria y urgente necesidad para el desarrollo social y económico del país, así como para la defensa y seguridad nacionales, los cuales, dice la iniciativa, “puedan realizarse de manera ágil e inmediata”.
diego.badillo@eleconomista.mx