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Piden protección para integrantes del Poder Judicial de Nuevo León
El Consejo de la Judicatura de Nuevo León informó que el magistrado Alberto Orteg y Miguel Ángel Servando Pruneda González han sido amenazados y solicitaron al gobierno interino a que tome cartas en el asunto.
El Consejo de la Judicatura de Nuevo León informó que el magistrado Alberto Ortega Peza, encargado de los asuntos del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la judicatura del Estado, y Miguel Ángel Servando Pruneda González, secretario general de acuerdos de la presidencia y del pleno del Tribunal Superior de Justicia han sido amenazados y solicitaron al gobierno interino a que tome cartas en el asunto.
A través de un comunicado se detalló que los funcionarios recibieron, durante las últimas 48 horas, llamadas y mensajes con el objeto de intimidarlos e influir en sus decisiones jurídicas.
“A pesar de que ninguna amenaza o advertencia de peligro puede afectar la acción de los jueces o del sistema de justicia, es trascendente dar a conocer que los actos intimidatorios refieren procedimientos administrativos de sanción por parte de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado y la Subsecretaría de Administración Tributaria de Nuevo León”, se denunció a través del mencionado comunicado publicado en redes sociales, el pasado 2 de diciembre.
Denuncias
En este contexto, se solicitó al gobernador interino de la entidad que tome las acciones que considere pertinentes para garantizar a toda la ciudadanía que los órganos administrativos no sean usados como medios de control político.
“Por lo anterior, a reserva de emprender las denuncias penales correspondientes, se ha solicitado al Gobernador Interino del Estado que tome las acciones que considere pertinentes para garantizar a toda la ciudadanía que los órganos administrativos no sean usados como medios de control político o de obstrucción a la justicia”, se lee en el texto.
También, se aseguró que todas las personas servidoras públicas del Poder Judicial de la entidad continuarán realizando sus funciones con plena imparcialidad e independencia, pues aseguraron que la única consecuencia esperada y deseada es la paz y el progreso de Nuevo León.
El pasado 1 de diciembre, el Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León ordenó que Samuel García no podía hacer uso de su licencia para separarse del cargo, hasta que no resolviera el asunto del gobernador interino, debido a una resolución del magistrado Ortega Peza.