Exigen leyes para el desplazamiento forzado en México

Cifras preliminares de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) dan cuenta de que en el 2017 se registraron 20 episodios de desplazamiento interno forzado, y aunque contrastan con los 29 registrados en el 2016, la tendencia en el fenómeno se mantiene, señaló Brenda Pérez, coordinadora del área de Desplazamiento Interno Forzado.

Y es que, de acuerdo con datos del informe correspondiente al 2016, se reportaron 29 hechos de desplazamiento interno forzado, con impacto en al menos 23,169 personas en 12 estados: Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas.

En entrevista con El Economista, Brenda Pérez refirió que los ocurridos este año fueron principalmente en Oaxaca, Zacatecas, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero y Sinaloa, con la variable de que no en todos ellos influyó de manera directa la violencia criminal.

“Lo que estamos viendo es que si bien persiste el desplazamiento a causa de la violencia criminal, también este año en particular, estamos viendo muchos desplazamientos con origen de hace varias décadas por conflictos territoriales, agrarios, que se están convirtiendo en conflictos políticos”, dijo.

Además, se suma al fenómeno la intención de establecer proyectos extractivos en algunos territorios del país, principalmente mineros, como se reporta en los casos de entidades como Zacatecas y Durango.

Poniendo atención a la problemática desde el 2009, la CMDPDH contabilizó, de ese año al 2016, 310,527 personas desplazadas en México, principalmente por violencia, conflictos territoriales, religiosos o políticos.

Sin embargo, a pesar de que el fenómeno del desplazamiento forzado interno tiene ya varios años, las políticas públicas para su atención son insuficientes y la ausencia de un marco legal de protección queda aún pendiente para atender a las víctimas.

“Las víctimas no cuentan con programas, políticas públicas, con una ley en particular que pueda atender la situación de las personas desplazadas, incluso cuando se han creado dos leyes estatales, en Chiapas y Guerrero”, expuso.

conflicto territorial en Chiapas

Como ejemplo de la problemática está el desplazamiento de más de 5,000 indígenas de origen tzotzil, en Chiapas, quienes para escapar de la violencia y agresiones de pobladores del municipio de Chenalhó desde mediados de noviembre se refugian en las montañas, viviendo en condiciones donde la escasez de comida y atención en materia de salud provocaron la muerte de 10 desplazados.

Y es que a pesar de que en este estado existe una ley expresamente creada para atender el desplazamiento, la falta de un reglamento de la misma “significa básicamente que no han sido puestas en marcha”.

De acuerdo con el Informe Especial sobre Desplazamiento Forzado Interno en México, presentado por la CNDH en el 2016, la problemática genera múltiples violaciones a los derechos, por lo que la “ausencia inmediata, adecuada y oportuna de la atención estatal potencializa los efectos de las violaciones y aumenta los niveles de vulnerabilidad de las víctimas”.

El organismo nacional expuso que tras iniciarse el éxodo “éste tendrá la característica de ser una violación continua de derechos”, mientras las víctimas no retornen a sus lugares de origen y con seguridad garantizada, o frente a la imposibilidad de hacerlo, que “elijan” lugares adecuados para desarrollar sus vidas sin violencia.

Esto último, dijo, implica que las problemáticas que sufre esta población se pueden extender en tiempo considerable y se convierten en dificultades de largo plazo.

Brenda Pérez, coordinadora del área de desplazamiento interno forzado de la CMDPDH, destacó la necesidad de crear una ley general en la materia que dé las pautas para la atención adecuada de las víctimas de la problemática.

“Creemos que no sólo se necesitan políticas públicas, abogamos por la creación de una ley para la población internamente desplazada, una ley general que contemple todo el ciclo del desplazamiento”, manifestó.

Esto tendría además, dijo, que estar acompañado de un tipo penal, el desplazamiento interno forzado, que se identifique quiénes son los que generan el desplazamiento, que haya sanciones a estas personas.

Refirió que en los casos de acompañamiento a víctimas de desplazamiento interno forzado que han llevado a cabo, uno de los mayores obstáculos que enfrentan es el reconocimiento de su calidad de víctimas de la problemática.

Contó que aunque históricamente los indígenas son el sector mayormente afectado por el desplazamiento forzado, ahora cambió la forma como se expresa la problemática ya que consideró que hay una “democratización de las víctimas”.

El abanico de afectados se abre: mujeres, niños, adolescentes, propietarios de negocios, periodistas, activistas, defensores de derechos humanos.