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El Estado Mexicano incumple su deber con el caso Tlatlaya
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional consideró urgente que el Estado mexicano replantee el curso actual de las pesquisas.
El Estado mexicano no ha cumplido con su deber de investigar las graves violaciones de derechos humanos ocurridas en Tlatlaya el 30 de junio del 2014, afirmó el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil).
La organización regional que tiene estatus consultivo ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) destacó que ese día 22 personas murieron en el marco de una operación militar.
La versión oficial aseguró que todos los fallecimientos sucedieron como consecuencia de un enfrentamiento; sin embargo, fuentes periodísticas y el testimonio de una persona sobreviviente revelaron que una gran mayoría de las víctimas había sido ejecutadas después de finalizado el enfrentamiento.
No obstante la gravedad de lo ocurrido, el Estado mexicano está faltando a su deber de debida diligencia al investigar este caso , manifestó el Cejil a través de un posicionamiento oficial.
En días pasados, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), organización que representa a una de las sobrevivientes, hizo público un informe en el que destacan las irregularidades en la investigación.
En primera instancia, de acuerdo con lo expuesto por el Centro Prodh, preocupa que se abriera una investigación en la jurisdicción militar paralela a la investigación en la sede penal ordinaria, ello pese a la reforma al fuero militar que excluyó el uso de la jurisdicción militar en casos en que las víctimas son civiles.
Asimismo, para el Cejil es de llamar la atención que la Procuraduría General de la República (PGR) sólo haya procesado a siete militares por la muerte de ocho civiles, obviando así la prueba que indica que más personas habrían sido ejecutadas.
Asimismo, destacó que la orden de relevo de la base militar San Antonio del Rosario en el Estado de México, dada a conocer por el Centro Prodh, en donde se expresa que las tropas deberán operar de noche en forma masiva y en el día reducir la actividad a fin de abatir delincuentes en horas de oscuridad, ya que el mayor número de ilícitos se comete en ese horario , es para el Cejil una clara disposición de privar arbitrariamente de la vida a las personas que el Ejército considere delincuentes .
Para el Cejil, la contundencia del punto citado del informe genera al menos una confusión que en contextos de lucha contra el crimen organizado, como el mexicano, favorece la arbitrariedad y el abuso de poder .
La directora del programa para Centroamérica y México del Cejil declaró urgente que el Estado mexicano replantee el curso actual de las investigaciones para enmendar lo actuado hasta el momento y realizar una investigación seria, dirigida a determinar la totalidad de los responsables de estos lamentables hechos, ello implica investigar la posible participación de los altos mandos militares que emitieron dicha orden .