Corte invalida convenio de presa El Zapotillo

El proyecto de la presa El Zapotillo, en los estados de Guanajuato y Jalisco, no podrá aumentar su capacidad en metros cúbicos por lo que no se inundará el poblado Temacapulín, determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Con mayoría de cuatro a uno, los ministros de la Segunda Sala del Máximo Tribunal invalidaron el convenio que se firmó en 2007 entre el titular del Ejecutivo federal, mediante de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con los entonces gobernadores de Jalisco y Guanajuato, para aumentar la pared del proyecto de presa El Zapotillo.

Al emitir la resolución, la Segunda Sala de la SCJN determinó que el convenio que deberá continuar será el de suscrito en 2005 para dicho proyecto, el cual contempla que dicho muro sea de 80 metros de altura.

El otrora gobernador de Jalisco Emilio Márquez solicitó en 2007 que se ampliara de 80 metros a 150 la cortina de la presa El Zapotillo, lo que implicaría que el poblado de Temacapulín quedara inundado.

El Congreso del estado de Jalisco introdujo ante ello la controversia constitucional 93/2012. Derivado de la resolución de la misma, los ministros de la Segunda Sala invalidaron dicho convenio.

De acuerdo con la resolución de la Corte se anula también cualquier acto de autoridad derivado de dicho convenio que pudiera afectar los intereses y derechos de los ciudadanos y habitantes de Jalisco sobre lo establecido en la declaratoria de reserva de aguas nacionales superficiales del Río Verde.

Lo anterior respecto de volúmenes de agua superficiales ya otorgados al estado de Jalisco que para usos doméstico y público urbano señala que pueden ser empleados 372 millones 139,000 metros cúbicos anuales de agua de este cuerpo hídrico y para uso pecuario 12 millones 600,000 metros cúbicos al año.

Vale recordar que en julio de 2012 el municipio de Cañadas de Obregón, presentó una controversia constitucional para evitar la construcción de esta presa, proceso que fue rechazado por el Máximo Tribunal un año después.

ana.langner@eleconomista.mx

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