Arraigo, otra costumbre sexenal que se eliminaría

La Cámara de Diputados analiza eliminar la figura del arraigo de todas las leyes y la Constitución para prohibir su uso, conforme con las normas internacionales de derechos humanos, y disminuir la tortura, malos tratos o penas inhumanas y degradantes, y el abuso de autoridad.

El arraigo es una violación del derecho a la libertad personal , establece el proyecto de reformas legales que promueve la fracción parlamentaria del partido Movimiento Ciudadano en la Cámara Baja.

Se argumenta que la violencia en México se incrementó de manera considerable en los últimos cinco años, bajo el contexto de la llamada guerra contra la delincuencia organizada emprendida por el gobierno federal, que fue lo que propició la modificación de prácticamente la totalidad de los ordenamientos jurídicos vinculados con la prevención del delito, investigación, procuración e impartición de justicia y la ejecución de las penas en México.

De ahí que se sugiere modificar la Constitución, el Código Federal de Procedimientos Penales y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada para derogar dicha figura contemplada desde el 2008, tras la aprobación de la reforma integral al sistema de justicia penal.

Es por ello que, desde hace cuatro años, las autoridades judiciales, a petición del Ministerio Público y tratándose de delitos de delincuencia organizada, pueden decretar el arraigo de una persona.

Durante el arraigo -que tiene una duración de 40 días y se puede extender hasta 80 bajo una nueva orden judicial-, según los promotores de su derogación, los fiscales imponen severas restricciones al acceso de los detenidos a sus familias, a abogados y a servicio médicos independientes, agravando su aislamiento y acrecentando la dificultad de presentar denuncias de tortura u otros tratos crueles, inhumanos y degradantes.

En la exposición de motivos de la propuesta, se establece que de acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), entre el 2009 y el 2011 se recibieron más de 1,000 denuncias relacionadas con órdenes de arraigo ejecutadas por la Procuraduría General de la República (PGR).

Durante la administración de Felipe Calderón, el número de órdenes de arraigo concedidas por el Ministerio Público federal aumentó considerablemente de 542 en el 2006 a 1,896 en el 2010 .

De acuerdo con los promotores, aunque supuestamente el arraigo es utilizado como un medio para investigar a presuntos delincuentes, en la práctica permite la vigilancia permanente del Ministerio Público sobre personas sospechosas de cometer algún delito, para reunir pruebas que muchas veces son obtenidas bajo tortura.

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